León, Guanajuato.- El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, advirtió que Morena busca aprobar una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para quitar a las entidades federativas el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y centralizar esos recursos en el IMSS-Bienestar.
El legislador panista señaló que esta reforma sería una centralización abusiva, ya que las entidades federativas entregarían la totalidad de su dinero, personal y hospitales a la Federación a través del IMSS-Bienestar, a cambio de una promesa vacía de contar con un sistema de salud similar al de Dinamarca.
Ramírez Barba destacó que esta reforma no afectaría la operación del sistema de salud de Guanajuato, ya que no se le puede obligar a entregar sus recursos, personal y unidades médicas. Hizo un llamado a los senadores para que no aprueben esta reforma el próximo martes y a los gobernadores a que no se adhieran al IMSS-Bienestar.
“Guanajuato ha sido sacrificado todos los años porque no firmó con el Insabi y porque quieren obligarlo a que firme con esta descentralización. Entonces, en esencia nos dan estrictamente lo necesario, pero no todos esos fondos que eran casi ya 200 mil millones de pesos de los cuales han repartido a algunos estados que sí firmaron con Morena”, manifestó Ramírez Barba.
El diputado señaló que la reforma propuesta no contempla que los recursos sean utilizados en la entidad federativa que es la fuente de financiamiento, sino que todo el dinero se dirigirá a una bolsa general para ser ejercido a discreción del IMSS-Bienestar.
Esta reforma, en la práctica, elimina el FASSA para las entidades federativas que suscriban el convenio con el IMSS-Bienestar. La centralización de los recursos en una nueva institución que no tiene reglas claras tendrá graves afectaciones en el sistema de salud.
Con este dictamen, se transferirán los recursos de las entidades al IMSS-Bienestar, directamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, asumiendo, sin justificación alguna, que esos recursos pertenecen a la Federación, sin dejar claro cómo esta centralización se traducirá en la prestación de servicios de salud para la población en cada entidad federativa.
Esta reforma es inconstitucional porque le quita soberanía a las entidades, mismas que, de acuerdo a la Constitución y la Ley General de Salud son autoridades sanitarias, por lo que les corresponde ejercer recursos para garantizar el derecho a la salud de sus poblaciones”, recalcó.
LALC