En un proceso realizado “al vapor”, apenas en una semana, la mayoría del Congreso local eligió a Francisco Antonio Alejandro Rocha Pedraza como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública del estado (IACIP), para ocupar una vacante que ya tenía cuatro años.
Él es hijo del conductor radiofónico Antonio Rocha Pedrajo, y de Rosalía Margarita Pedraza Llamas, periodista y comunicadora en dependencias oficiales.
El nuevo comisionado actualmente se desempeña como director de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, desde el 18 enero de 2023.
Por lo tanto, no cumple con el requisito de: “Tener un año de experiencia en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos, rendición de cuentas y derechos humanos”.
Así lo establece el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, en su fracción IV, para ocupar el cargo de comisionado.
Fue electo por mayoría de 27 votos, del PAN, PRI, PVEM, Yulma Rocha, de Movimiento Ciudadano, y Morena, porque dos o tres de Morena votaron a favor, pero Dessire Ángel, de Movimiento Ciudadano, y cuatro o cinco de Morena, votaron en contra.
Desde octubre pasado, AM ha publicado en dos ocasiones que el espacio de un comisionado del IACIP llevaba cuatro años vacante porque el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no había mandado la terna al Congreso, como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
Por ello, el pleno del Instituto, que se conforma por tres comisionados, ha funcionado durante todos estos años solo con dos comisionados.
En agosto, la presidenta del IACIP, Mariela Huerta Guerrero, celebró el 20 aniversario de la institución con una fiesta que costó poco más de 555 mil pesos y la promesa de que al fin sería nombrado el tercer comisionado pendiente.
AM pidió en dos ocasiones una entrevista a Mariela Huerta, la segunda de ellas el 25 de octubre, para preguntar cómo funciona el IACIP con una presidenta y un comisionado de menor rango, pero se negó a concederla.
La presidenta del IACIP tiene un salario mensual de 82 mil 369 pesos y ejerce este año un presupuesto de 55 millones 715 mil pesos.
El segundo comisionado es Juan Sámano Gómez. Ambos cumplen un periodo de siete años aunque comenzaron y concluyen en fechas diferentes.
Recepción, análisis y aprobación en un día
En cuanto al nombramiento aprobado este jueves por el Congreso, fue procesado “al vapor”, pues la terna enviada por el gobernador Rodríguez Vallejo apenas fue dada a conocer al Congreso el 7 de diciembre, es decir, apenas hace una semana.
Y esa misma tarde, los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se reunieron con el fin de radicar la propuesta y acordaron la elaboración de una tarjeta jurídica de cumplimiento de requisitos para el cargo.
Enseguida, y una vez que se dio cuenta de la tarjeta jurídica, la presidenta de la comisión legislativa, la diputada panista Susana Bermúdez instruyó a la secretaría técnica la elaboración de un proyecto de dictamen que tuviese el análisis de los requisitos de los ciudadanas propuestos para ser designados en el cargo.
Y cuatro días después, el 11 de diciembre, se aprobó el dictamen en la Comisión de Gobernación. Ayer fue aprobado en el pleno del Congreso.
Las otras integrantes de la terna: Érika Dueñas Vargas tuvo seis votos y María Luis Herrera Aguirre, un voto.
¿Quién es Francisco Antonio Alejandro Rocha Pedraza?
- Licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana del 25 de junio de 2012 y con cédula profesional 7885245.
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Cuenta con una maestría en Interinstitucional en Derechos Humanos.
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”Se encuentra en proceso de reingreso en la Maestría en transparencia y protección de datos”, no se menciona en cuál institución.
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Tiene certificados en Competencia Laboral en el Estándar de Competencia – EC090 Facilitación de la información en poder del sujeto obligado, Gestión de la protección de datos personales, Ciberseguridad, C2 Proficent.
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Diplomados en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guanajuato.
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Diplomado en Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico por la Universidad Tecnológica Nacional (Argentina), La Suprema Corte y los Derechos Humanos, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Diplomados en Derechos Humanos desde la Perspectiva de Género, Derechos Humanos de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Evaluación de Políticas y Programas Públicos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Diversos cursos y capacitaciones sobre derechos humanos, acceso a la información pública y protección de datos personales, “entre otros”, sin precisar.
Un dictamen con generalidades
Aunque en su currículum integrado en el dictamen aprobado se afirma que Francisco Antonio Rocha sí tiene el periodo de experiencia requerido y estudios al respecto, nunca se mencionan los años en que realizó tales estudios ni tampoco desde cuándo tiene el cargo actual para verificar que efectivamente cumple con el tiempo legal que está estipulado.
El dictamen avalado por la mayoría de los diputados locales solo menciona, de manera general, lo siguiente:
“Se desprende de la narración vertida en su currículum vitae, que desde que se tituló a la fecha, ha laborado en diversas funciones y acumula más de 12 años de ejercicio profesional y experiencia en transparencia, acceso a la información pública, protección de datos, rendición de cuentas y derechos humanos”.
Y sustenta la afirmación al decir que ha fungido como: auxiliar de agente investigador adscrito a la Subprocuraduría A y agente investigador adscrito a la Secretaría General en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
Pero ese cargo no tiene relación con la transparencia y acceso a la información.
Como abogado en diversas atenciones en la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado de Guanajuato, realizando atención a recomendaciones emitidas por organismos protectores de derechos humanos, solicitudes de acceso a la información pública, asesoría a dependencias, entidades y unidas en materia de protección de datos personales, elaboración y revisión de protocolos de actuación para atención a personas en situación de vulnerabilidad y elaboración de reglamentos, acuerdos y decretos gubernativos y; actualmente se desempeña como director de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado.
Pero en ninguno de estos tres cargos se menciona los periodos en que los ha ocupado, para conocer su experiencia en transparencia y acceso a la información.
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