Guanajuato.- En los últimos meses, actuarios del Poder Judicial y abogados han sufrido agresiones por parte de ciudadanos afectados por desalojos o embargos de propiedades. Incluso ya hubo un caso de un abogado herido por arma de fuego.
Como consecuencia, el 10 de octubre de 2023, el Poder Judicial emitió una circular en la cual se sugiere a sus actuarios que en caso de que no esté presente la fuerza pública en este tipo de diligencias de desalojo o de embargo, consideren no llevarlas a cabo y permanezcan en el lugar solo el tiempo necesario.
Oscar Silva, integrante de la Asociación de Abogados Independientes, informó a AM que cuando hay agresiones de los afectados y se cancelen las diligencias, los abogados son los afectados, porque se retrasa su caso y ellos tienen que pagar los gastos generados por las mismas.
Dijo que se han suspendido por esta causa alrededor de 100 diligencias en noviembre y diciembre, aunque no tenía el dato exacto.
Por lo anterior, en su reunión del 10 de enero, cinco abogados de la Asociación de Abogados Independientes, en su reunión con Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Poder Judicial, pidieron el apoyo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, para dar acompañamiento a los actuarios del Poder Judicial y abogados, para protección en el desahogo de las diligencias con fuerza pública para prevención en los embargos o desalojos, ante el clima de violencia que se presenta en algunos municipios.
Piden a actuarios protegerse
La circular emitida por Ma. Rosa Medina Rodríguez, entonces presidenta del Poder Judicial, de la que AM tiene copia, está dirigida a las oficinas centrales de actuarios y a los actuarios del Poder Judicial y les informa sobre el acuerdo que tuvo el Consejo del Poder Judicial el 5 de octubre de 2023.
…tratándose de las diligencias en las que esté previamente autorizado el uso de la fuerza pública, y atendiendo a los antecedentes del asunto, puedan considerar la abstención de llevarlas a cabo, si no se encuentran presentes los elementos de seguridad para auxiliarlos durante las mismas, evitando permanecer en el lugar por mayor tiempo del estrictamente necesario.
“Aunado a lo anterior, se les instruye para que prescindan de viajar junto con los elementos de seguridad, ya sean en los vehículos del Poder Judicial, así como en las patrullas de los cuerpos de seguridad”.
- Un actuario es un empleado del Poder Judicial, pueden ser Licenciados en Derecho, que hace físicamente las notificaciones, en papel, a todas las partes involucradas en todo tipo de juicios. Trabajan en los 46 municipios.
- En el Estado se cuenta con una plantilla de 334 actuarios según información del Poder Judicial.
Piden que FSPE cuiden a actuarios y abogados
Oscar Silva, integrante de la Asociación de Abogados Independientes, aseguró que la circular del Poder Judicial para proteger a los actuarios es porque ha habido ciudadanos que violentan en las diligencias a los funcionarios y a los abogados.
Refirió un caso donde los habitantes de la casa dispararon e hirieron a un abogado y al actuario, desde el interior del domicilio los recibieron a balazos. El actuario corrió.
Se trata de una nota publicada por AM el 12 de septiembre de 2023, cuando un abogado y un actuario fueron agredidos a balazos durante una orden de embargo a un domicilio en el fraccionamiento Campestre de las Flores, a un costado de la comunidad de El Copalillo.
El responsable huyó del lugar y se solicitó el apoyo de agentes ministeriales para protección de ambos. Varias unidades integradas por Agentes de Investigación Criminal y del Grupo Especializado de Reacción Inmediata llegaron al lugar y atendieron al herido.
“La verdad sí se ha vuelto peligroso para nosotros. Y dado que esto es un problema que ya tiene tiempo, se habían establecido varios acuerdos con el Secretario del Ayuntamiento de León (en el trienio anterior), se habían establecido 15 policías que acompañaban a los actuarios a los actos”.
Incluso los policías se iban en el vehículo del actuario. Pero ya con este Secretario de Seguridad Pública se decidió que ya no”, informó Oscar Silva.
Agregó que están haciendo una sugerencia al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal para que a través de las Fuerzas del Estado, se proporcione un acompañamiento a los abogados y actuarios, sobre todo en municipios León, Celaya y Salamanca.
Porque destacó que estas agresiones de los afectados por embargos o desalojos ha ocasionado que se cancelen las diligencias y los abogados tienen que pagar a los cerrajeros, cargadores, y otros gastos generados por la misma, porque hay ocasiones en que los clientes no quieren pagarlos, sobre todo si ya es la segunda diligencia del caso.
Comentó que el 10 de enero que le hicieron la propuesta a Héctor Tinajero, presidente del Poder Judicial del Estado, se vio muy empático, pero no está dentro de sus facultades las FSPE, porque pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Los abogados, por su parte, comentaron que por escrito harán la petición.
- De acuerdo con cifras del Poder Judicial del Estado proporcionadas a AM, durante el 2023 los actuarios realizaron 151 mil 225 ejecuciones y 460 mil 807 notificaciones. Se desempeñan en las materias: civil, penal, laboral.
- El mayor número de diligencias, 108 mil 874 las realizaron para requerimientos de embargo y aplazamientos, 12 mil 102 ejecuciones de sentencias y 5 mil 932 requerimientos y embargos.
Deudas por préstamos y pago de rentas, los motivos
Oscar Silva explicó que los juicios más frecuentes que culminan en embargos son los juicios mercantiles por deudas de pagarés.
Y los que generan órdenes de desalojo son los de cuando alguien renta una propiedad y no ha pagado mínimo 3 meses, cuando no se ha pagado un crédito hipotecario o cuando se trata de los conocidos “paracaidistas”, es decir, gente que invade propiedades que no son suyas.
Ambos procedimientos están estipulados en los artículos 745 y 478 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Para ejecutar un embargo o un desalojo se requiere forzosamente la orden de un juez. La Fuerza Pública, es decir, la Policía Municipal o estatal se utiliza si es que lo solicita el mismo juez en la misma orden.
Por su parte, Jorge Jiménez Lona, secretario del Ayuntamiento de León, que cuando él fue Consejero del Poder Judicial (2019-2021) eran muy comunes las solicitudes de fuerza pública para que acompañaran a los actuarios del Poder Judicial, no solo a diligencias de embargos y desalojos, sino también de restituciones de niños a sus padres.
Comentó que en esa época incluso había en León un grupo especial de policías municipales destinados únicamente a esa labor.
“Te puedo asegurar que son como entre 40 y 50 embargos, desalojos y restitución de menores al día”, informó en entrevista con AM.
- De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad de León, son 13 elementos los que deben estar asignados. Hay un total de 11 agendas cada una con 8 diligencias diarias dando en total entre 80 y 88 diligencias. Y cuentan con 6 unidades de manera ordinaria. En caso de requerir apoyo se acude con más.
Hay más riesgos
A condición de anonimato un actuario platicó que aunque no son a diario se han presentado varios casos que ponen en riesgo la integridad de los trabajadores que realizan esta labor.
Sin dar más detalles dijo que supo de un caso en el que un actuario de un asunto civil acudió a hacer un embargo a un domicilio y cuando se realiza dicho proceso se dieron cuenta que en el lugar había un persona secuestrada.
“Evidentemente los riesgos están a la orden del día, al menos nosotros sí nos damos cuenta de las incidencias en cuestión de inseguridad, más en los municipios de Irapuato y Celaya, también aquí en León hay riesgo en materia penal, sin embargo, aquí no existe la figura de acompañamiento cuando debería ser así, en materia civil sí existe esa figura”.
Hay una policía institucional pero esa solo está en las audiencias, no hace acompañamientos a los actuarios que a final de cuentas es el representante del juez en la calle en cualquier diligencia”, comentó.
Hay actuarios para asuntos penales y otros que atienden diligencias civiles.
Apuntó que se les ha dado la posibilidad de rechazar alguna diligencia cuando no existen garantías de seguridad y explicó que también para los casos en que es necesario el acompañamiento de la fuerza pública los jueces realizan las solicitudes a los municipios y casi siempre la respuesta es positiva.
DAR