Guanajuato.- En los últimos cinco años la Fiscalía General de Guanajuato investigó a 306 funcionarios públicos por presuntos actos de corrupción. En este mismo aspecto, el Poder Judicial de Guanajuato emitió 52 sentencias.
Mediante una respuesta de información, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que del año 2018 al 2022 se abrieron 306 investigaciones en contra de funcionarios municipales y estatales por supuestos actos de corrupción.
Los presuntos delitos por los cuales se iniciaron tales indagatorias comprende los tipos penales de abuso de autoridad, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, uso ilícito de sus facultades y atribuciones, tráfico de influencias, concusión y ejercicio ilícito del servicio público”, detalló la FGE en su respuesta..
En este sentido, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, informó que del 2018 a 2023 se registraron 52 sentencias por el delito de corrupción con 106 personas implicadas, aunque algunas no necesariamente serían funcionarios públicos.
Al corte del 24 de enero del 2024 en el Registro Estatal Único de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas mostró a 13 personas inhabilitadas por diversos delitos.
Entre ellos dos funcionarios de Manuel Doblado que tienen las sanciones de inhabilitación más altas, al estar ligados a casos de desaparición forzada de personas.
También figuran dos funcionarios leoneses y dos de la Secretaría de Educación del Estado.
Va a prisión por cohecho
El cohecho, mejor conocido como soborno, consiste en solicitar u ofrecer dinero u otra prestación a las autoridades o funcionarios públicos a cambio de realizar u omitir una tarea propia de su cargo.
Por este delito, se le acusó a un funcionario del Gobierno de Guanajuato, ya que recibió dinero durante varios años por parte de dos personas para registrar y dar de alta al menos 32 vehículos, ya que en ese momento laboraba en una oficina recaudadora auxiliar donde acudían las personas para realizar el trámite.
El Ministerio Público determinó que por cada vehículo registrado recibía 5 mil pesos, y recibía documentos falsos para efectuar el trámite, dar de alta en el registro y entregar las placas correspondientes.
Dentro de la resolución pública del Poder Judicial, se estableció que se detectó esta conducta tras verificar el reporte de unidades abandonadas, y se revisó que una persona tenía a su nombre 8 unidades las cuales desconocía poseer, detectándose que se utilizaron documentos falsos y la expedición de las placas y tarjeta de circulación fue por el mismo funcionario público.
Aunado a ello se determinó que uno de los contribuyentes a los que se le registraron vehículos ya tenía tiempo de fallecido, por lo que se utilizaron documentos apócrifos para dar de alta las unidades.
En su declaración el funcionario detalló que laboraba en las oficinas recaudadoras desde 1991, y en 2008 conoció a una persona en un bar que le dijo que hacía trámites seguidos en la oficina donde laboraba y que se dedicaba a la compra y venta de autos, por lo que podrían hacer negocio juntos.
Después le presentaron a otra persona que le indicó que le daría 5 mil pesos por cada vehículo que registrara con documentos falsos, argumentó que lo amenazaron con hacer daño a su madre, por lo cual aceptó.
Tras varios años de trabajar de esta forma, las personas que tenían a su nombre vehículos registrados acudieron a denunciar el hecho y se detectó que fue el único funcionario que realizó el cotejo de los documentos y registro de vehículos.
En el expediente público del Poder Judicial se indica que tanto el funcionario que recibió el dinero como uno de las personas que le entregó el recurso fueron sentenciados a prisión durante 8 meses, pagar una multa de 368.23 pesos, pagar las multas, recargos y actualizaciones de los vehículos que se dieron de alta en el registro vehicular, por 50 mil 677.75 pesos.
Por ser una pena de prisión menor a tres años se les otorgó la conmutación por trabajo en beneficio de la comunidad durante 8 meses en una institución pública o de asistencia social.
DAR