León, Guanajuato.- A petición del gremio de las buscadoras de personas desaparecidas en Guanajuato, el Gobierno Federal está trabajando en un diagnóstico para generar un mecanismo de alerta temprana que agilice su protección en uno de los estados que ha registrado más ataques contra ellas.
Hasta la fecha, la Secretaría de Gobernación ha realizado dos reuniones con víctimas indirectas de casos de desaparición y con representantes de los 24 colectivos para conocer su percepción sobre su seguridad.
En el caso del colectivo “Proyecto de Búsqueda”, con base en Celaya, se han registrado nueve casos de desplazamiento por amenazas.
Por ello, “necesitamos que el mismo gobierno acepte, de entrada, que ser buscadora es ser una defensora -de derechos humanos- y tener la calidad para ella ser protegida, así como detonan el mecanismo para salvaguardarlos a ustedes, -representantes de los medios”, dijo Marisela Peralta Martínez, integrante de dicho grupo.
En enero pasado, el Colectivo EPUMx -que agrupa a 300 organizaciones de derechos humanos- presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas los casos de cuatro personas buscadoras: María del Rosario Zavala, Francisco Javier Barajas, María del Carmen Vázquez y Teresa Magueyal, asesinados en octubre de 2020, mayo de 2021, noviembre de 2022 y mayo de 2023, respectivamente.
Sin embargo, la Plataforma por la Paz y la Justicia registra otros casos, como el de Rosario Zavala Aguilar, ultimada en 2020, el de su hijo Jorge Ulises Cardona Zavala, víctima de homicidio doloso en junio de 2022, mientras que el pasado 10 de enero, Lorenza Cano Flores, fue privada de su libertad en hechos donde asesinaron a su esposo e hijo, y antier, 11 de marzo, su yerno también fue ultimado. Ella continúa desaparecida.
Por otro lado, el 24 de enero, Karla Martínez, del colectivo “Hasta Encontrarte”, denunció amenazas de muerte.
“Nos damos cuenta que esto no es nada más de Guanajuato, la situación es generalizada. Y lo único que queremos es encontrarlos -a nuestros familiares desaparecidos-. La justicia ya se la dejamos a otras instancias”, destacó Marisela Peralta.
Su colega Olimpia Montoya Juárez informó que algunos desplazamientos registrados por el colectivo no han sido formalizados, ya que la salida fue intempestiva, sin posibilidad de levantar acta ante el Ministerio Público, lo que lleva a que las afectadas pierdan sus apoyos por parte de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.
“En estas situaciones, las compañeras no tienen el tiempo para ir a poner una denuncia, o sea, el hostigamiento, la amenaza, ya la tienen ahí. Salen de Guanajuato y no tienen ese respaldo por parte de las autoridades, pues para que el Consejo -Estatal de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas- te pueda atender, tiene que haber una denuncia de por medio y eso es algo que también tenemos que modificar”.
De igual manera, advirtió que no se da seguimiento a la condición de la buscadora después de haber tenido un desplazamiento. La intención del mecanismo, concluyó su compañera Marisela, es que se genere un modelo de protección a nivel nacional.
LALC