Guanajuato.- Hay cuatro casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina en Guanajuato y otro más de allanamiento de morada de la Guardia Nacional, dio a conocer Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia.
Estas se cometieron en los últimos seis años, la última de ellas apenas en febrero pasado. Los casos fueron expuestos en el foro sobre la iniciativa de reforma a la Guardia Nacional, organizado por la Cámara de Diputados, realizado ayer en el Congreso de Guanajuato.
El primero fue el de Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato, campus Irapuato, el 27 de abril de 2022, asesinado por un elemento de la Guardia Nacional cuando le marcó el alto al conducir en una camioneta, no se detuvo y le disparó.
El segundo es el de Paula Rojas, integrante de un colectivo de buscadoras de personas desaparecidas en León, ocurrió el 3 de septiembre de 2021, cuando sufrió allanamiento y amenazas, porque elementos de la Guardia Nacional ingresaron a su casa por la fuerza bajo el pretexto de que habían recibido una denuncia anónima por venta de drogas.
Recibió intimidación y amenazas e incluso elementos de la Guardia Nacional se presentaron a sí mismos como integrantes de un grupo delincuencial y amenazaron no solo a Paula sino a su familia”, relató Raymundo.
A petición de la joven, Sandoval se presentó en la delegación militar y conversó con el encargado de la Guardia Nacional, recién llegado a Guanajuato, quien les dijo que iniciarían la investigación en asuntos internos, pero les pidió reconocer que hay elementos buenos y otros malos.
Mismo argumento que ha utilizado el Presidente de la República para decir que no es una responsabilidad institucional, ya que efectivamente habían identificado que podía haber identificación o algún tipo de involucramiento de agentes de Guardia Nacional en redes macrocriminales”, señaló.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una queja para investigar los abusos de autoridad, pero desconoce el resultado de esa investigación y la responsabilidad administrativa que pudo haber surgido en el órgano interno de control.
“Pero lo que revela es que puede haber participación en actos de corrupción criminal”, destacó.
El tercer caso es el de Rosario Zavala Aguilar, buscadora de desaparecidos en León, hostigada por la Guardia Nacional entre enero y octubre de 2020 y asesinada en este último año. Por el hostigamiento hay una investigación en la CNDH.
“Lo que decía la Guardia Nacional es que estaban atendiendo llamadas anónimas de venta de drogas en un domicilio de León. Rosario aseguraba que esas llamadas anónimas eran de alguna manera sembradas o de denuncias inexistentes”, recordó Raymundo.
El defensor de los derechos humanos llamó la atención sobre que estas llamadas anónimas son el pretexto para realizar estrategias de intimidación o amenazas contra objetivos en específico y no una labor de disuasión o prevención del delito.
Recomendación de CNDH
El cuarto caso es el cometido por agentes de la Secretaría de Marina, quienes detuvieron y golpearon en Irapuato a un grupo de personas el 29 de noviembre de 2018, entre quienes se encontraba Sergio Banda Delgado.
Ya hay una recomendación de la CNDH, emitida en 2022, que reconoció que fueron golpeados, interrogados y rociados con salsa en la cara, fueron víctimas de intento de asfixia en reiteradas ocasiones y finalmente uno de ellos fue tirado al río, es decir, Sergio.
El quinto caso de arbitrariedad fue cometido contra Juan Armando Carrillo Juárez, integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, apenas el 2 de febrero de este año. Hubo un operativo de la Guardia Nacional y de Sedena se le detuvo, aunque la Guardia negó haber participado.
Había poca información de la Fiscalía sobre la participación de dichos elementos, pero el juzgado pudo verificar mediante la utilización de cámaras y la petición de información, que efectivamente en la zona donde fue desaparecido Juan Armando hubo un operativo y detrás del convoy aparecían agentes de la Sedena. Él apareció muerto después.
Es decir, no tenemos información ni en la investigación penal ni en la de juzgado de distrito, que pueda realmente ayudar a verificar la participación de estas corporaciones y por lo tanto las víctimas se encuentran desprotegidas”, expresó.
Por lo que dijo que preocupan las prácticas de detención arbitraria y posterior ocultamiento de información de este tipo de casos.
DAR