León, Guanajuato.- El Poder Judicial de Guanajuato analizará más de tres mil casos de personas que se encuentran en prisión preventiva oficiosa para justificar si permanecen en prisión o se implementa otra medida cautelar, detalló su presidente, Héctor Tinajero Muñoz.
En días pasados María Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, denunció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizaría eliminar la prisión preventiva a consecuencia de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso García Rodríguez, quien permaneció preso y sin condena durante varios años y al final se le encontró inocente.
Sobre el tema, el presidente del Poder Judicial de Guanajuato explicó que la prisión preventiva oficiosa se encuentra dentro del Artículo 19 Constitucional y del Código de Procedimientos Penales, cuyo análisis realizará la SCJN en próximos días.
Son una serie de condenas para reformar la Constitución y las leyes que de ella emanan a fin de que la prisión preventiva sea una medida cautelar, no oficiosa, sino que se debata caso por caso independientemente de la gravedad del delito”, expresó Tinajero Muñoz.
Analizan riesgo de estar en libertad
Explicó que dentro del proceso las partes involucradas deberán debatir si el presunto delincuente debe mantenerse en prisión por el riesgo que representa estar en libertad o puede ser sujeto a otras medidas cautelares.
En Guanajuato tenemos un promedio aproximado de 3 mil personas sometidas a la prisión preventiva oficiosa, y caso por caso se está debatiendo. Se debe argumentar si se mantiene la prisión preventiva o se implementa otra medida cautelar”, precisó.
Para confirmar la prisión preventiva, se debe justificar el riesgo a las víctimas, testigos y al propio proceso de la justicia. En caso de determinarse que una persona debe continuar en prisión, será de forma justificada.
Justifica retraso de audiencias
Por otro lado, el presidente del Poder Judicial de Guanajuato, Héctor Tinajero Muñoz, justificó el retraso de las audiencias en el caso de Punto Legal, un asunto relacionado al presunto fraude a decenas de personas por la compra de casas a bajos precios ofertadas como remates bancarios.
“No se trata de un solo asunto que se lleva, son varios que se llevan de manera simultánea, por lo tanto hay diversas audiencias. Las últimas audiencias dilatadas se dan por la falta de presencia de un asesor victimal o un defensor. El juez se ve obligado a reprogramar la audiencia a efecto de no afectar derechos, de no hacerse así se corre el riesgo de una reposición y se tiene que repetir todo el juicio, es por esta razón que se han diferido”, explicó.
Tinajero Muñoz precisó que no se ve un avance judicial significativo ya que son varias carpetas de investigación que se analizan y continúan agregándose más en el caso.
AM