Guanajuato.- Jorge Valencia Gallo, exdirector general de Transporte del Estado, fue sentenciado a pasar cuatro años y medio en prisión, además de permanecer inhabilitado durante 10 años para ocupar un cargo o comisión públicos.
Además, a pagar una multa de dos mil 534 pesos y ser suspendido de sus derechos políticos, por haber cometido el delito de cohecho. El ex funcionario seguirá en libertad.
Esta fue la sentencia que recibió del juez Jorge Luis Ramírez León, en audiencia judicial en la cual estuvo presente AM. Todavía falta la explicación de la sentencia, pero después de ella, ésta no es definitiva, sino que Jorge Valencia podrá apelarla ante una sala del Supremo Tribunal de Justicia.
Lo anterior, por recibir diferentes cantidades de dinero, por un total de dos millones 100 mil pesos de diferentes propietarios de taxis, para darles permisos para taxis ejecutivos y concesiones de taxis verdes, que nunca les dio. El fin era permitir que 8 taxis circularan sin permiso ni concesión en San Miguel de Allende, cuando él ocupaba ese cargo.
Como lo publicó AM el 9 de mayo, un día antes el juez dio su fallo, en el cual determinó que quedaron probadas cinco solicitudes, en diferentes ocasiones -cuatro durante 2019 y una en 2020-, por parte de Manuel Mendieta, representante de una agrupación de taxistas de San Miguel de Allende, a Jorge Valencia Gallo, para que le entregara permisos para taxis ejecutivos -los ahora denominados servicio de transporte privado- y concesiones de taxis verdes.
A cambio de recibir esos permisos, Jorge solicitó a Manuel diferentes cantidades de dinero, que en total sumaron dos millones 100 mil pesos, que Manuel le entregó a Jorge, a través de un intermediario llamado Jonathan, precisó el juez.
Estas conductas fueron cometidas durante el año en que Jorge ocupó el cargo de Director General de Transporte de Gobierno del Estado, de abril de 2019 a abril de 2020.
En la audiencia judicial de este martes, el agente del Ministerio Público había pedido una pena de prisión de seis años y una multa de 5 mil 69 pesos, pero el juez las redujo. Pidió que hubiera una reparación del daño de los dos millones 100 mil pesos al Gobierno del Estado, pero el juez ya no la consideró en su sentencia.
“Hubo corrupción”: Ministerio Público
El agente del Ministerio Público señaló, entre otros aspectos, que “hubo una afectación directa al Gobierno del Estado por materializarse un hecho de corrupción”, además que “la conducta de Jorge Valencia Gallo se considera grave porque era funcionario público”.
“Se advierte también una actitud dolosa, porque él recibía ingresos como funcionario público, por lo que el dinero solicitado (para los taxis) fue con el fin de obtener un lucro, que fue de dos millones 100 mil pesos por los permisos y concesiones. Por lo tanto, faltó a la honestidad.
“El ahora acusado usó ese puesto para obtener la ventaja mencionada. Cometió una conducta prohibida, que es abstenerse de recibir o aceptar dinero adicional”.
Por su parte, el abogado defensor de Jorge Valencia, quien pidió omitir su nombre, solicitó al juez considerar 13 atenuantes, entre ellas: que su cliente nunca ha sido condenado anteriormente por ningún delito.
También, que “existen serias dudas de las cantidades recibidas, no hay certeza ni pruebas de que (Valencia) se enriqueció durante ese periodo. No se acreditó que la atribución de dar permisos y concesiones fuera de Jorge Valencia Gallo”.
Además, señaló que no hay un dictamen de lesividad, es decir, de cuánto hubiera dejado de recibir el Gobierno del Estado por el hecho de que trabajaran formalmente esos taxis.
Sin embargo, el artículo 247 del Código Penal establece que: “Al servidor público que por sí o por medio de otro solicite, reciba o acepte promesas, dádivas o ventajas para hacer u omitir un acto lícito o ilícito relacionado con sus funciones, se le aplicará prisión de uno a ocho años y de 10 a 80 días multa”.
Por menos la inhabilitan por más años
En lo que va de la actual administración estatal, tres funcionarios estatales han sido inhabilitados por casos de corrupción, de acuerdo con la información disponible en la página web de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
La inhabilitación más alta aplicada en lo que va de este sexenio fue para Olga Lidia Pérez Monreal, una empleada de una farmacia del ISSEG a quien en 2022 la inhabilitaron por 12 años por el delito de peculado.
Realizó actos, como son el no hacer los depósitos respectivos por los ingresos en la farmacia, y al no hacerlo se quedó en su esfera de poder y vigilancia con dinero que no es de su propiedad, realizando con ello acto de propiedad de recursos públicos que no forman parte de sus ingresos (…) la cantidad de $387,305.11 (trescientos ochenta y siete mil trescientos cinco pesos 11/100 M.N.)” señala la resolución de la investigación que se llevó a cabo.
De acuerdo a lo que se establece en el expediente en poder de AM, Olga Lidia Pérez era la encargada de una farmacia del ISSEG en San Francisco del Rincón y no pudo comprobar que ocurrió con el dinero que ingresó por ventas durante los días 7, 9, 10,12, 13, 14 de agosto de 2018.
Aunque el monto fue menor la sanción de inhabilitación fue mayor a la recibió Jorge Valencia Gallo, exdirector general de Transporte del Estado quien fue inhabilitado durante 10 años para ocupar un cargo público.
DAR