Guanajuato.- Los diputados del PAN de la Comisión de Hacienda del Congreso aprobaron mandar al archivo la iniciativa de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas, que buscaba crear un sistema de evaluación de proveedores de Gobierno del Estado.

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El diputado Víctor Zanella Huerta, presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que en general la causa del archivo fue: “Una de las cosas que hemos evitado es sobreregular, esto ya está regulado, ya hay temas de control y transparencia”.

Sostuvo: “Sin lugar a dudas, tenemos muchas áreas que necesitamos seguir trabajando. (Pero) sin lugar a dudas, Guanajuato está bien en transparencia, pero hay áreas de oportunidad”.

Las razones que dio durante la sesión de la comisión Belén Espinoza Aguirre, titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso, para declararla inviable, fueron dos.

1. La primera fue que la creación del sistema de evaluación de proveedores tendría un impacto presupuestal, pero no dijo cuál. En entrevista posterior, dijo que ese costo sería por la contratación del personal operativo, pero tampoco señaló el costo.

Y que según la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Púbicos establece que toda acción que implique un impacto presupuestal debe contar con presupuesto y ésta propuesta no lo tiene.

2. Y la segunda, que la iniciativa no tiene los elementos de evaluación y esto afectaría a los proveedores.

Además, Sofía Ruiz, secretaria técnica de la Comisión de Hacienda, agregó que el Tribunal de Justicia Administrativa señaló durante una de las mesas de trabajo que es confuso el procedimiento propuesto.

Como lo publicó hoy AM, la iniciativa fue presentada por el propio PAN ante el Congreso el 1 de noviembre de 2023, que retomó las propuestas de la Red Ciudadana Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Hoy, el único diputado que votó en contra de archivar la iniciativa fue el morenista Cuauhtemoc Becerra González. 

Ya se está trabajando en transparencia: Zanella

Posteriormente, en entrevista, Víctor Zanella agregó a las causas del archivo: recordó que, según la última edición del World Justice Project, “somos el Estado con los niveles más bajos de corrupción”.

Agregó que, según el último informe de la Auditoría Superior de la Federación, entregado en marzo, Guanajuato no tuvo casi ninguna observación en el gasto federalizado.

Además, refirió que en agosto de 2023 el Congreso aprobó una reforma a la Ley de Fiscalización.

Finalmente, dijo que hay auditorías abiertas en todos los municipios y ahí habría que ver si hay fallas o no.

Sobre la posible afectación a los proveedores, con lo que se les podría afectar sus derechos, admitió que esa era una deficiencia de la iniciativa del PAN.

Zanella Huerta destacó que durante una de las mesas de trabajo, entre los integrantes del Comité de Participación Ciudadana había discrepancia, porque unos decían que la iniciativa era pertinente y otros que no era necesaria.

El diputado le dio la palabra a Francisco Javier Luna, asesor de la fracción del PAN, para abundar sobre el tema, quien señaló que en la Secretaría de Finanzas del Estado ya existe un padrón de proveedores que cuenta con los instrumentos de control necesarios. Y que la iniciativa los duplica.

¿Qué ocurriría si hay una falla en el sistema de evaluación de proveedores? La iniciativa no lo prevé.

Afirmó que actualmente ya hay mecanismos de control para sancionar a los proveedores cuando hay incumplimientos, los cuales están en los propios contratos que se firman.

Comentó que la Secretaría de Finanzas informó en una de las mesas de trabajo que solo se había rescindido un contrato por incumplimientos.

Belén Espinoza añadió que ya hay mucho de ese sistema de evaluación propuesto que ya existe. Además que no es clara la iniciativa si ese sistema formaría parte del padrón o no.

Hay mucho del sistema (propuesto) que ya existe en evaluación”, sostuvo. Y que la Ley de Contrataciones Públicas ya existente establece los términos de las compras.

Coincidió en que, según el Tribunal de Justicia Administrativa, el sistema propuesto es confuso sobre cuáles serían las calificaciones que se darían. “La iniciativa no es clara en las calificaciones que van a dar y si sería en números”, finalizó. 

Un largo y sinuoso camino

Cronología de una reforma en contrataciones públicas 

(Por parte de la Red Ciudadana Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y ahora en el Legislativo)

  • Octubre 2020: El Consejo de la Red Ciudadana Anticorrupción decide como punto medular de su programa anual de trabajo fortalecer las compras públicas y reducir los riesgos de corrupción en los procesos.
  • Diciembre 2020 a enero 2021: Se realiza un diagnóstico ciudadano de percepción de corrupción en compras públicas donde sus resultados arrojan que el 70% de los guanajuatenses perciben corrupción.
  • Mayo 2021: Se reciben por parte de las instituciones pertenecientes al Sistema Estatal Anticorrupción propuestas que den respuesta al diagnóstico realizado: Auditoría Superior del Estado, Tribunal de Justicia Administrativa, Fiscalía Anticorrupción, Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
  • Septiembre-Octubre 2021: Se realizan mesas de trabajo con académicos, servidores públicos del área de compras, proveedores, órganos internos de control, administradores públicos y colegios de abogados.
  • Septiembre 2022: Firma de convenio de colaboración entre la Red Ciudadana Anticorrupción y el Congreso del Estado y entrega de la investigación “Justificación de la propuesta de iniciativa de ley sobre reforma en materia de contrataciones públicas”. 
  • Octubre 2022: Emisión por parte del Sistema Estatal Anticorrupción de la recomendación no vinculante para el fortalecimiento de las compras públicas estatales y municipales y hacia el Legislativo para las modificaciones a la ley.
  • Noviembre 2023: Presentación de la iniciativa de reforma de la Ley de Contrataciones Públicas por parte del PAN, para la creación de un Sistema de Evaluación de Proveedores utilizando como insumo la investigación realizada y la recomendación emitida.
  • 30 de mayo 2024: Mesa de trabajo de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso con la Red Ciudadana Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana.
  • 6 de junio 2024: Mesa de trabajo de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso y la Coordinación Jurídica del Ejecutivo y la Secretaría de Finanzas del Estado.

Fuente: Ficha Andrea González, presidenta del CPC del SEA.

JRL

 

 

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