Con información de Martha Silva
León, Guanajuato.- En Guanajuato hay 6 mil 490 personas privadas de la libertad, 2 mil 423 no tienen una sentencia y de estas al menos una de cada dos están en prisión preventiva oficiosa, es decir, recluidas sin habérseles comprobado su culpabilidad, así lo revela el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo a este Censo hecho con datos de 2023, Guanajuato es el onceavo estado con mayor número de población privada de la libertad y la población en prisión preventiva oficiosa que es el 53.9 % de los que no tienen sentencia, se les ha dictado por ser acusada de delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
“Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud”, detalla el artículo 19.
En el escenario nacional, se indica que es el 44.3 % del total de la población privada de su libertad, 233 mil 277, que está bajo este mismo estatus, prisión preventiva oficiosa.
Sobre el otro tipo de prisión preventiva, la justificada, que no se aplica de manera automática por el tipo de delito sino tras un análisis más detallado del caso, el Censo indica que bajo este estatus en nuestro estado está el 43.7 % de la población privada de la libertad sin sentencia.
Los tiempos de espera
En cuanto al tiempo de espera para recibir su sentencia aquellos que no la tienen en nuestro estado dentro de los centros penitenciarios, se indica que esperando más de dos años, son 203; entre uno y dos años, 689; entre seis meses y un año, 613; entre 3 y seis meses, 503 y menos de tres meses, 415.
Salen más de los que entran
Por otra parte, en el apartado de ingresos, el Censo informa que en 2023 en Guanajuato ingresaron a centros penitenciarios 7 mil 929 personas, el 93 % fueron hombres.
Dicha cifra colocó a nuestro estado como el octavo que tuvo más ingresos, quedando solamente por debajo de Coahuila, Tlaxcala, San Luis Potosí, Tabasco, Morelos, Sinaloa y Chiapas.
A nivel nacional el número ascendió a 147 mil 802 personas, de las cuales 144 mil 855 ingresaron a centros penitenciarios estatales.
Sin embargo, en el apartado de egresos, se señala que en nuestro estado durante 2023, obtuvieron su libertad 8 mil 178 personas, el mayor porcentaje hombres, 93.1 %.
Esta cifra anterior, colocó a nuestro estado en el doceavo lugar entre los estados con mayor número de egresos, quedando por arriba Coahuila, Chihuahua, Morelos, Guerrero, Tabasco, San Luis Potosí, Tlaxcala, Sinaloa, Jalisco y Querétaro.
De los que más presupuesto ejercen
Respecto al tema presupuestal, el Censo evidencia que Guanajuato ocupa el quinto lugar entre las entidades federativas en donde los centros penitenciarios ejercieron más recurso en 2023, mil 287.7 millones de pesos.
Solamente los superaron los centros penitenciarios de:
- Estado de México
- Ciudad de México
- Jalisco y
- Michoacán.
Sin embargo, estados como Puebla y Chihuahua, que tienen mayor número de población privada de la libertad que Guanajuato y ejercieron menos presupuesto, el primero casi la mitad de lo que Guanajuato, 675.4 millones de pesos y el segundo, 989.9 millones de pesos.
Más celdas colectivas que individuales
En el rubro de infraestructura disponible, sobre las celdas colectivas e individuales, resulta relevante que de mil 765 celdas con las que cuentan con centros penitenciarios de Guanajuato, el 96.2 % , es decir mil 699, son colectivas.
Y el primer lugar por mayor cantidad de celdas colectivas a nivel nacional es la Ciudad de México con 5 mil 6, que es el 95.6% del total de celdas con las que cuenta.
Y más consultorios de atención psicológica
Pero destaca que Guanajuato está entre las cinco entidades que cuenta con más consultorios para atención psicológica y/o psiquiátrica, 11 y solamente superan esta cantidad el Estado de México, Chiapas, Sonora y Jalisco.
En contraste, hay estados que apenas tienen dos como Aguascalientes, Campeche o Coahuila e incluso hay un estado que no cuenta con ninguno, Nayarit.
Atribuyen a recursos de ley juicios lentos
Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, reconoció que los procesos judiciales son largos, pero todos son procesados.
En la prisión preventiva oficiosa entran personas se encuentran privadas de la libertad, sin embargo “todos ellos están procesados, ninguno está en el limbo, es decir, que su proceso jurisdiccional terminó y que aún no se dicta sentencia”, dijo.
Tinajero fue consultado por AM sobre los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEE-F) 2024 publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“En este sistema (legal) tenemos un paso antes de la sentencia, que es el fallo, que se tiene que dar en 24 horas después de desahogadas las pruebas y dentro de los cinco días siguientes se entrega la versión completa de la sentencia. (Pero) en este lapso no tenemos ningún retraso, todo lo tenemos en tiempo, es decir ¿por qué hay tantas personas sin sentencia? Porque están siendo procesadas”, afirmó Héctor Tinajero.
Las personas en prisión preventiva, explicó, reciben esa medida cautelar ordinariamente en la audiencia inicial hasta que su proceso concluye.
“Ahora los tiempos de defensa en este Código Nacional son más largos que el Código de Procedimientos Penales, el tradicional. Aquí, por ejemplo, tenemos seis meses de investigación complementaria que pide la defensa, la víctima o su asesor victimal, y no se lo puede negar el juez cuando se pide el plazo máximo. Tenemos 60 días para echar a andar el juicio oral, donde a veces son de 70, 80 testigos y sí se programan por bastante tiempo para que las partes se puedan preparar”.
El magistrado presidente destacó que luego hay casos de personas que tienen hasta tres sentencias, es decir, que una vez dictada la sentencia, presentan recursos de apelación, promueven juicios de amparo, hasta agotar instancias, lo que lleva tiempo.
Tinajero también reconoció que hay una sobrecarga muy importante de trabajo para los jueces, lo que los orilla a ocuparse prácticamente en doble turno, ocupar las salas tanto las físicas y las virtuales, “a desahogar al día muchísimas audiencias para atender al sistema, pero aún así te podría confesar que no es suficiente”.
Informó que hay 38 jueces y 40 juezas estatales adscritos al Sistema Penal. Mientras en 2017 se atendieron 7 mil 916 causas con 2 mil 800 de otros ingresos -a prisión-, en 2022 se atendieron 13 mil 658 causas y 6 mil 702 ingresos. En el primer semestre de este año atendieron 6 mil 533 causas y 5 mil 088 de otros ingresos.
AM