Guanajuato.- La defensa de los organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), llega tarde a la discusión de la reforma constitucional planteada por el gobierno federal, que se conoció desde el pasado 6 de febrero y que va de la mano de la reforma judicial.
Esto, porque a nivel ciudadanía no se ha comprendido qué importante es proteger los datos personales no solo frente a los gobiernos, sino frente a bancos, casas de bolsa, farmacéuticas o grandes compañías, así como para poder acceder a la información pública para tomar decisiones de la vida diaria.
Estas fueron parte de las conclusiones a las que llegaron especialistas en la materia y periodistas durante el Foro “Reforma Constitucional. Retos y desafíos de los órganos de Transparencia en México”, organizado por el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (Iacip).
Este cambio “lo anunciaron antes, estaba puesto en la mesa. ¿Hubo una narrativa para contrarrestar esto? No la hubo, desde mi punto de vista. Esa sí es un área de oportunidad, ya vamos tarde pero igual hay que hacerlo: decirle a la gente porqué se beneficia, porqué se empodera con la transparencia. Hay que contarlo: contar esas historias de éxito con nombre y apellido”, afirmó Miguel Carbonell, especialista en Derecho Constitucional, transparencia y protección de datos y participante en el foro.
Sobre todo, porque a diario, desde la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador se reprocha el costo y las deficiencias del INAI y de los otros organismos.
Con esta reforma se pretende desaparecer, por presunta duplicidad de funciones, organismos como el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicacione (IFT), Comisión Reguladora de Energía (CRE), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y otros 18 organismos descentralizados y desconcentrados federales.
Sus funciones, de acuerdo a la iniciativa, serán absorbidas por las dependencias responsables de cada ramo.
Sin sorpresas
Otra participante en el foro fue Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, quien advirtió que la reforma es una estrategia bien estructurada pero sobre un dictamen mal hecho, donde se desaparece el árbitro que media las solicitudes de información y deja en las manos del propio sujeto obligado ser juez y parte.
Dijo que el presupuesto asignado al INAI este año es de 1,097 millones de pesos y que en el instituto hay apertura para reducir los gastos pero que hay cerrazón por parte del gobierno federal para discutir cualquier cosa.
Julieta del Río también alertó de que en la iniciativa no queda claro quién se encargará de la gestión de la Plataforma Nacional de Transparencia, que cuenta con 14 mil millones de registros, que efectivamente ha requerido inversión pero que ha sido muy redituable en términos de acceso a la información.
Y, en coincidencia con los otros panelistas, comentó que se necesitan historias donde se evidencie la importancia de acceder a la información pública, por lo que presentó un video con el testimonio de una mujer que, gracias a las peticiones de información, pudo conocer el expediente médico de su hija, quien falleció en el IMSS al dar a luz, junto con su bebé. Fue negligencia médica.
También reconoció la iniciativa proactiva de la comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, Mariela del Carmen Huerta Guerrero, por organizar este foro, el primero de su tipo en el país.
Mientras que el periodista local Antonio Rocha advirtió que los organismos garantes no han sabido “vender” la importancia de la transparencia en la información pública ni de los datos personales, pero también que hay algunas autoridades, como la Fiscalía General del estado, encabezada por Carlos Zamarripa Aguirre, que se escudan en tecnicismos como el debido proceso para no brindar información.
El periodista Leonardo Curzio dijo que para las funciones técnicas sí se requiere especialistas -el caso de la reforma judicial y a los organismos autónomos- y que no basta con una campaña de comunicación para revertir una política de regresión de derechos, lo cual estaría siendo validado por legisladores como Olga Sánchez Cordero o Ricardo Monreal.
Miguel Carbonell se sumó a las críticas de quienes no han participado en este debate: “¿Qué ha hecho la oposición política de este país?”.
Concluido el foro se conoció que la extinción de estos siete organismos autónomos se discutirá el viernes 23 de agosto en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. (LEE AQUÍ LA NOTA)
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