Guanajuato.- El pleno del Congreso del Estado exhortó a la Gobernadora para que, a través de la Secretaría de Seguridad y Paz, fortalezca los programas educativos en materia de derechos humanos, con el fin de prevenir abusos policiales contra la población.
De igual manera, se pidió a los 46 ayuntamientos del Estado que, por medio de sus secretarías de Seguridad Pública o direcciones de Seguridad Pública, y en colaboración con la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, capaciten a las instituciones de seguridad pública estatal y municipales.
Este punto de acuerdo de obvia resolución tiene su origen en una propuesta de la diputada Edith Moreno Valencia, quien mencionó que el 14 de diciembre circuló un video en redes sociales en el que un grupo de policías del municipio de Celaya humillaba y golpeaba a un par de jóvenes detenidos, llegando incluso a amenazarlos de muerte si no obedecían las órdenes.
En el video, aparece el comisario de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en la región IV Celaya, el exagente de la Policía Federal Christian Eduardo Morales Palomino.
Moreno Valencia comentó que, a raíz de estos sucesos, los policías involucrados ya no laboran en el municipio. A pesar de que el video es de 2020, destacó que el gobierno de Guanajuato debe tomar medidas firmes frente a la impunidad en casos de abuso policial, subrayando la necesidad de adoptar medidas de no repetición, a través del fortalecimiento de programas educativos en derechos humanos.
Este lamentable hecho pone en evidencia la urgencia de tomar medidas firmes frente a la impunidad en casos de abuso policial y violaciones de derechos humanos. Elementos de seguridad con antecedentes cuestionables no deberían ser premiados con cargos de alta responsabilidad y al servicio de la ciudadanía”, finalizó.
“La realidad en Guanajuato dista mucho de cumplir con estas expectativas. La percepción de la ciudadanía sobre la policía es, en general, negativa, ya que muchos la asocian con el abuso de poder, la corrupción persistente y una evidente desconexión con las estrategias de prevención y atención de la violencia. Esta brecha entre lo que esperan los guanajuatenses y lo que realmente experimentan refleja una crisis de confianza en las instituciones de seguridad pública”, agregó.
Por su parte, la diputada María Eugenia García Oliveros, quien habló a favor de la propuesta, destacó que los altos índices de inseguridad y violencia, así como el abuso de la fuerza pública y las constantes violaciones a los derechos humanos, hacen necesario replantear la función policial, adoptando una perspectiva basada en el respeto a los derechos y en una nueva concepción de la ética pública.
La congresista enfatizó la importancia de combatir la corrupción y los abusos de poder para transformar la vida pública del estado, y se mostró en contra de cualquier acción que contradiga el compromiso con la justicia y los derechos humanos, por lo que consideró esencial adoptar medidas para evitar que se repitan incidentes como el ocurrido con los policías de Celaya.
El diputado Jorge Espadas Galván, coordinador de la fracción del PAN, también habló a favor de la propuesta. Coincidió con lo expresado por la diputada Edith Moreno Valencia e instó a sus homólogos a sumarse. Agradeció la apertura al diálogo de la legislatura, destacando la importancia de buscar el interés de Guanajuato.
Indicó que también era fundamental exhortar a los 46 ayuntamientos, que tienen corporaciones municipales, para que capaciten a sus policías y los involucren en este esquema. Además, subrayó la necesidad de la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos en la capacitación, argumentando que lo esencial no es solo sancionar, sino evitar que ocurran estos hechos.
Su propuesta, al igual que el punto de acuerdo, fue aprobada por el pleno.
DAR