“Es legal pero inmoral”

El fin de semana pasado, causó revuelo como ya es costumbre a través de las redes sociales la fotografía que circuló del ex funcionario Emilio Lozoya cenando en un distinguido restaurante de la ciudad de México y quién durante el sexenio anterior ostentó el cargo de Director de Petróleos Mexicanos sin embargo, ¿cuál fue el motivo de la indignación?. La causa es que el ex funcionario fue señalado como pieza clave del famoso caso “Odebrecht”, el cual fue considerado como uno de los sucesos de mayor corrupción visibilizados en América Latina y en el que México es considerado como uno de los países en el que prevaleció la impunidad sobre estos hechos.

Es importante destacar la mediática detención de Emilio Lozoya y comparto este término porque en gran medida se especuló y se reconoció la eficacia del gobierno mexicano para “hacer justicia” y tomar acciones legales en contra del ex director de Petróleos Mexicanos acusado de recibir y gestionar sobornos millonarios de la constructora brasileña. Actualmente Emilio Lozoya ya es imputado por un juez por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, ahora bien ¿quién es un imputado? “El Nuevo Sistema de Justicia Penal preserva los derechos de las víctimas y de las personas imputadas. El imputado es la persona que presuntamente cometió un delito y no se le puede acusar hasta que exista una sentencia por parte del juez”.

Una característica del Nuevo Sistema de Justicia Penal es la presunción de inocencia, que quiere decir que no se puede considerar a nadie culpable hasta que se demuestre lo contrario y exista una sentencia por parte del juez, por lo tanto, hasta este momento como no existe una sentencia en contra del ex mandatario su salida al lujoso restaurante de Lomas de Chapultepec “Es legal pero inmoral” señaló el presidente del ejecutivo.

Es sabido que mediante un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) se ha limitado la sentencia en contra del exdirector de Pemex en solo el retiro de su pasaporte y la colocación de un brazalete de seguimiento a el proceso de “avances” en las investigaciones.

La indignación es clara en un país en el que el salario promedio de un ciudadano oscila entre los 6 mil pesos mensuales y al menos al ex mandatario se le relaciona con transferencias que alcanzan los 10,5 millones de dólares los cuales los ex ejecutivos de Odebrecht han confesado que le pagaron a Lozoya a cambio de contratos.

La corrupción sin duda es un mal que flagela al país, pero es una realidad que mientras siga existiendo impunidad y no se tengan sanciones, el mensaje de “combate a la corrupción” seguirá siendo un discurso que probablemente continúe “conquistando campañas electorales”, aunque solo por un periodo corto de tiempo, porque lo cierto es que ya se convirtió en una exigencia ciudadana poder ser testigos de los castigos en contra de la corrupción.