El artículo 27 constitucional y la Ley Agraria brindan fundamento legal y regulatorio a la vida ejidal en tanto que lo asumen como un núcleo agrario creado para fines productivos a la vez que como la unidad de posesión parcelaria de la tierra y centro de población.
La importancia del ejido en México trasciende las fronteras agrarias al pasar a ser una de las piezas fundamentales de la estructura social del país. Hoy, las tierras ejidales proporcionan sustento de vida a un gran número de familias pertenecientes a la población rural, la que representa 23% de la población total. El sentido de identidad y de emancipación social que el ejido ha proporcionado a sus habitantes tiene un alto valor para este segmento de la población, pese a las fuertes limitaciones que en muchos de ellos existe para el desarrollo de la agricultura de gran escala.
El ejido puede potenciarse si se aplica por promover las formaciones asociativas que permitan constituir asociaciones estratégicas para incrementar la producción y la productividad, abrir canales de comercialización, diversificar las actividades económicas al interior del núcleo agrario, generar nuevas cadenas de valor y fuentes de empleo, crear empresas agroindustriales que redunden en beneficios tangibles para los ejidatarios y los miembros de la comunidad ejidal.
Desde 1992, el marco jurídico agrario establece la posibilidad de que ejidos y comunidades, propietarios de casi 100 millones de hectáreas, es decir, 51% del territorio nacional, aporten tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles, con inversionistas públicos y privados. Esas sociedades pueden tener fines agrícolas, ganaderos o forestales, entre otros.
Las adecuaciones a la Ley Agraria marcan pautas interesantes acerca de la ruta indicada para fortalecer la unidad productiva del ejido mexicano. La posibilidad de constituir uniones de ejidos dirigidas a la coordinación de actividades productivas, asistencia mutua y comercialización u otras formas de asociación, así como la posibilidad de que a su vez la unión de ejidos esté facultada por ley para constituir empresas especializadas con el objetivo de integrar cadenas de valor o para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y la prestación de servicios con la participación de los ejidatarios, familiares de estos, grupos de mujeres campesinas organizadas, comuneros, avecindados o pequeños propietarios.
Otra figura asociativa interesante es la Asociaciones Rurales de Interés Colectivo que estará integrada por dos o más personas provenientes de ejidos, comunidades, uniones de ejido o comunidades, sociedades de producción rural o uniones o de sociedades de producción rural con el objeto de establecer industrias, aprovechamientos, sistemas de comercialización y cualesquiera otras actividades económicas. Por su parte, las Sociedades de Producción Rural se pueden constituir mediante aportaciones a capital social y obligaciones subsidiarias; los derechos de los socios podrán ser transmisibles.
Estas formaciones asociativas pueden derivar en mecanismos propicios para catapultar el potencial productivo de ejidos y comunidades, permitir la diversificación de actividades económicas dentro del ejido, propulsar el fortalecimiento e integración de las comunidades rurales, generar nuevos y más prometedores canales de comercialización e intercambio de los bienes y servicios agrícolas, ganaderos y conducir al ejido mexicano a mejores escalas de desarrollo de la agricultura.
Los ejidos y comunidades rurales han ampliado, al paso de los años, sus vínculos económicos con zonas urbanas y semiurbanas, hecho que sobrepasa sus posibilidades productivas para potenciar la producción agrícola al interior del núcleo agrario.
La propiedad social de la tierra ocupa un espacio territorial muy amplio de la geografía nacional, al tiempo que representa la proporción predominante del universo de productores agropecuarios.
En la dimensión social, el ejido resulta ser una pieza estratégica en las tareas políticas dirigidas a restaurar la cohesión en la estructura social del campo e incidir en la reducción de la desigualdad.
México se encuentra hoy en posibilidades de reactivar el colectivismo y el asociacionismo agrario sobre nuevas bases y fortalezas, con la posibilidad de crear un marco de nuevos acuerdos y consensos con los productores y las comunidades ejidales con la idea de dar nuevos bríos al deber ser del ejido, al mismo tiempo de procurar impulsar la integración de nuevas formaciones asociativas que contribuyan a ampliar el espectro de la agricultura empresarial en la que los ejidatarios sean los socios y accionistas principales, cuidando que actúen siempre en beneficio del núcleo agrario ejidal al que pertenecen.
La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.