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El gobernador Julio Menchaca negó conocer una recomendación de la CDHEH dirigida a su gobierno, como afirmó Karen Parra en el Senado. Menchaca aseguró no haber recibido notificación y destacó que atendería cualquier recomendación formalmente emitida. El manejo de la CDHEH, ese sí, se encuentra descarrilado por completo en su actuar.
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El secretario Salvador Cruz Neri ha logrado avances importantes contra el narcomenudeo, el huachicoleo y la delincuencia en general, fortaleciendo la seguridad en Hidalgo. Sin embargo, en Pachuca, el mando de seguridad municipal, Juan Manuel Ayala Guarro, enfrenta duras críticas al parecer no sumarse a los logros de la Secretaría Estatal, señalado por permitir prácticas como la extorsión y el retiro de placas por parte de su policía de tránsito en toda la ciudad, en lugar de desplegar dispositivos que agilicen las vías en los sitios de obras de pavimentación actuales. Es común ver a los elementos en San Javier, extorsionando conductores con el retiro de placas de circulación.
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Ejidatarios bloquearon el relleno sanitario El Huixmí en protesta por su posible cierre en diciembre, dejando a Pachuca y Mineral de la Reforma sin lugar para 500 toneladas diarias de basura. Exigen que se mantenga su fuente de trabajo. Estos dos opuestos, por muy lejanos que parezcan en sus necesidades, los municipios y los ejidatarios, tendrán que aprender que están estrechamente articulados y necesariamente obligados a llegar a un acuerdo con beneficios bidireccionales.
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El ahora ente voraz de la Canaco Pachuca, mediante un convenio de comodato, recauda hasta 160 mil pesos por partido al explotar el estacionamiento del estadio Hidalgo, lo que evidencia su ambición, criticada recientemente por pretender duplicar tarifas para el concierto de Luis Miguel, causando gran controversia y despertando al ciudadano contra los abusos en espacios de estacionamiento. Será necesario, por fin, que alguien ponga orden.
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Esteban R. D., exlíder estudiantil de la UAEH, evitará proceso penal por agresiones al acordar reparación del daño con la víctima. La audiencia definitiva para formalizar el acuerdo será el 28 de noviembre; tendrá seis meses para pagar. Es un avance en la justicia para la comunidad estudiantil, aunque también se requieren medidas para asegurar que quienes dirijan a los estudiantes sean capaces de hacerlo.