En el Congreso de Hidalgo buscan tipificar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el Código Penal con hasta 15 años de prisión y multa de 80 mil pesos, además de aumentar las penas por extorsión, abuso de autoridad, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito.
Este nuevo delito ocurre cuando una persona dispone de recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que procedan o resulten de alguna actividad ilícita.
Dichas medidas aumentarán al 50 por ciento cuando el delito se cometa por servidores públicos, quienes serán destituidos o inhabilitados de su cargo entre tres meses y hasta 10 años.
El diputado independiente Humberto Cortés Sevilla subió a tribuna la iniciativa que busca las reformas al Código Penal vigente, ya que considera que se deben fortalecer las sanciones contra estos delitos.
EXTORSIÓN
Según la propuesta del legislador, las condenas contra extorsión aumentarán siete años respecto a las previamente expresadas en el Código Penal.
Anteriormente, la extorsión recibía una pena de ocho años que fue aumentada en la propuesta a 15 para quien por cualquier medio “obligue a otro a hacer algo con ánimo de lucro para sí o para otro, causando perjuicio patrimonial o moral”.
También, junto a la pena mencionada anteriormente, se impondrán de cuatro a diez años de prisión cuando en la extorsión intervengan personas armadas, se utilice violencia, el autor del delito se identifique como miembro del crimen organizado, se busque continuar obteniendo el beneficio ilícito, o se cometa por teléfono.
Además, cuando la extorsión sea en contra de un menor de edad, mujer en estado de gravidez, de una persona que no pueda entender el hecho o un mayor de 60 años, participe una persona privada de su libertad, algún miembro de una corporación policiaca y trabajadores de instituciones que puedan obtener información a través de sus cargos.
EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICO PÚBLICO
En la propuesta aumenta en doce años la pena a quien cometa el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Ocurre cuando se continúa en funciones de un cargo después de ser notificado con suspensión o destitución del mismo, luego de haber renunciado. También cuando se atribuye funciones diferentes a las que le fueron encomendadas o propicie daño a quien o quienes deba proteger.
Si se incurre en alguno de estos hechos, la pena aumentaría de dos a 14 años de prisión.
ABUSO DE AUTORIDAD
El legislador sugiere que el abuso de autoridad aumente en tres años. Sucede cuando se omite registrar alguna detención, falsear un reporte administrativo o tardar injustificadamente poner a disposición de las autoridades correspondientes al detenido o cuando se mantenga privado de la libertad injustificadamente.
Al incurrir en abuso de autoridad la sanción penal pasará de seis a máximo nueve años.
COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
Aumentó cuatro años la pena para este delito en la iniciativa propuesta por Humberto Cortés.
La coalición de servidores públicos sucede cuando los funcionarios se unen para tomar medidas que violenten alguna ley o reglamento con la finalidad de impedir su ejecución. La pena pasaría de tres a siete años de cárcel.
MALVERSACIÓN DE FONDOS
Ocurre al disponer recursos o bienes pertenecientes al Estado, dependencias o entidades tras recibirlos para su administración debido a su cargo y recibirá la misma sanción de la coalición de servidores.
INTIMIDACIÓN
Aumentó siete años la pena en la reforma propuesta por el diputado.
Se tipifica como intimidación cuando el servidor público utilice la violencia física o moral para inhibir a cualquier persona o ejerza una represalia sobre alguien y así evitar que realice una denuncia donde se le implique en un delito.
Se propone aumentar de cinco hasta doce años de prisión para quien cometa la intimidación.
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Pasó de dos a 14 años la pena propuesta en esta iniciativa. El enriquecimiento ilícito es otra modalidad de la extorsión, y ocurre cuando no se puede comprobar la procedencia honesta de bienes.