En el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada, organizaciones civiles urgieron al gobierno del estado una búsqueda eficiente y exigieron la creación del Registro Estatal de Víctimas, pues aseguraron que Hidalgo se encuentra entre los primeras cuatro entidades con mayor número de casos.
En entrevista, la presidenta de la organización Sonrisas Perdidas, Martha Salgado, dijo que en lo que va del año se han registrado 70 casos de personas desaparecidas, en su mayoría mujeres en un rango entre diez y 19 años de edad.
“En este mes se ha tenido un registro aproximado de 30 personas desaparecidas, de las cuales, lamentablemente se han encontrado cuatro personas muertas”.
Aclaró que dichas cifras son de su base de datos, aunque señaló que quizá la Procuraduría de Justicia o las autoridades estatales tengan otros registros.
Asimismo, mencionó que los municipios que concentran mayor número de reportes por dichos delitos son Ixmiquilpan, Tulancingo, Pachuca y Tizayuca; estos dos últimos son los que acumulan más incidencias.
Por tal motivo, diversas organizaciones que se dedican al estudio y seguimiento de personas desaparecidas, se pronunciaron afuera de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) en protesta por la falta de apoyo de autoridades en la búsqueda de sus familiares.
“Lamentamos que el gobierno y sus autoridades se han mantenido alejados del dolor de las víctimas, no se han pronunciado ni emitido una recomendación general al gobierno por las omisiones ante los múltiples casos de desaparecidos”.
Señalaron que el gobierno estatal no ha sido capaz de dar resultados, ante las graves violaciones de derechos humanos que han sufrido las víctimas y sus familiares.
“El gobierno hidalguense no puede seguir postergando la implementación de la Ley General de Víctimas”, dijeron.
Exigieron una Ley de Desaparición Forzada, la formación del Sistema Estatal de Víctimas y la Creación de la Comisión Ejecutiva de Atención, así como la reparación del daño y la Ley de Declaración de Ausencia.
Precisaron urgencia en procesos de búsqueda eficientes, así como reconocer y garantizar la presunción de vida, asegurar la personalidad jurídica de las personas desaparecidas para proteger su patrimonio y hacer más accesibles a familiares los trámites en temas civiles y seguridad social.