A partir de este 1 de octubre, mujeres y personas gestantes acusadas del delito de aborto, así como familiares de víctimas de feminicidio, podrán solicitar defensoría pública, tras el acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por el que autoriza al Instituto Federal de Defensoría Pública realizar la representación extraordinaria. En Hidalgo se han iniciado 16 carpetas de investigación por aborto y 12 por feminicidio, de acuerdo con datos oficiales.
Tras el fallo del 7 de septiembre de 2021, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho de las mujeres y las personas gestantes a interrumpir su embarazo y con ello ejercer su libertad reproductiva y a decidir sobre su cuerpo y su familia, el CJF publicó en el Periódico Oficial de la Federación el acuerdo para garantizar el derecho a la defensa y acceso a la justicia.
Debido a lo anterior, instruyó a la persona titular del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), órgano auxiliar del CJF, para que autorice la representación extraordinaria, cuando sea solicitada o se advierta que las personas pueden quedar en estado de indefensión, o presenten violación a sus derechos humanos.
ACCIÓN ANTE AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES
El documento señala que la autorización tendrá el efecto de que el personal del Instituto podrá actuar ante las autoridades federales, así como ante las locales, sin que en las estatales implique el cambio de competencia del asunto al ámbito federal.
Para la defensoría, el titular del IFDP designará en cada caso al personal que brindará la representación técnico-jurídica a las mujeres y personas gestantes acusadas del delito de aborto, así como familiares de víctimas de feminicidio, a efecto de garantizar su derecho de defensa y el acceso a la justicia. El acuerdo entrará en vigor este 1 de octubre.
El CJF indicó que el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor de los derechos de las personas gestantes, representa un parteaguas en la descriminalización de la mujer y garantiza su vida en plenitud de derechos.
Además, señaló que existe la necesidad imperante de garantizar el acceso a la justicia a las mujeres y personas gestantes acusadas del delito de aborto, así como a familiares o a quienes les asista el carácter de víctimas directas e indirectas en casos de feminicidio, tanto en el fuero federal como local de los distintos estados, cuyas cifras evidencian que ambos contratiempos reflejan un problema estructural de discriminación y violencia basada en el género.
De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a agosto de este año en Hidalgo se iniciaron 16 carpetas de investigación por el delito de aborto y 12 por feminicidio; mientras que durante 2020 iniciaron 23 denuncias por aborto y 19 por feminicidio.
El 30 de junio, el Congreso del Estado de Hidalgo aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas con seis días y según la organización Di Ramona, hasta la fecha, un alto porcentaje de mujeres desconoce que el aborto es un derecho, ya que de 270 acompañamientos de personas que decidieron practicarse un aborto, sólo una acudió al hospital a interrumpir su embarazo.