Con el voto a favor de Tlaxcoapan y Actopan, el Congreso de Hidalgo obtuvo la mayoría calificada de municipios para iniciar la transición de procuraduría a Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo (FGJEH).

Después de nueve meses de ser propuesta y estar en espera de que cada ayuntamiento la discutiera en asamblea, la reforma constitucional que contempla la transición del órgano de justicia por fin fue aprobada por más de la mitad de los municipios hidalguenses.

En los últimos días Tlaxcoapan y Actopan enviaron su acta de cabildo, por lo que se llegó a 44 a favor y dos en contra: Mineral del Chico y Villa de Tezontepec.

Luego de nueve meses de espera, este jueves por la noche se alcanzó la mayoría calificada de municipios para la aprobación de la transición de procuraduría a Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo (FGJEH).

Así lo informó el presidente de la comisión permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia del Poder Legislativo, Octavio Magaña Soto.

Los municipios que aprobaron la transición son: Acaxochitlán, Acatlán, Ajacuba, Alfajayucan, Almoloya, Atitalaquia, Atotonilco el Grande, Cardonal, Chapulhuacán, Emiliano Zapata, Epazoyucan, Francisco I. Madero, Huasca de Ocampo, Huehuetla, Huejutla, Huichapan, Tizayuca, Tolcayuca, Tula, Zempoala y Tlaxcoapan.

También los gobiernos municipales de Juárez, Actopan, La Misión, Lolotla, Metepec, Metztitlán, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, Nopala, Pachuca, San Agustín Metzquititlán, Santiago de Anaya, Santiago Tulantepec, Tepeapulco, Tepeji, Tetepango, Tlahuelilpan, Tlahuiltepa, Tlanchinol, Tulancingo, Xochiatipan, Xochicoatlán y Zacualtipán, aprobaron el cambio.

Cabe señalar que Mineral del Chico y Villa de Tezontepec votaron en contra de la modificación constitucional.

TRANSICIÓN COSTARÁ 350 MDP ANUALES

Durante una entrevista con medios de comunicación, Magaña Soto adelantó que, en un primer año de funciones, dentro del siguiente presupuesto de egresos, el Poder Legislativo contemplaría otorgarle 350 millones de pesos a la FGJEH.

Con ese presupuesto es posible que se arreglen todos los asuntos pendientes de la procuraduría, como las carpetas de investigación y la contratación de más personal para hacer más eficaz la impartición de justicia, aseveró el legislador.

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