Hasta mayo pasado, Tulancingo registró 13 denuncias por extorsión en lo que va del año, cifra que rebasó la totalidad de incidencias reportadas durante todo 2020, donde se acumularon 12 acusaciones.
Según datos del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), basados en denuncias presentadas formalmente ante el Ministerio Público, durante 2020 hubo incidencia en febrero con dos, mientras que marzo, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre una cada uno, así como junio con tres.
Para este año, en tan solo cinco meses, de enero a mayo de 2022, el Observatorio contabiliza 13 denuncias interpuestas por el presunto delito de extorsión en Tulancingo, donde enero reporta una, marzo ocho y abril y mayo dos cada uno.
Alejandro Habib Nicolás, procurador general de justicia en Hidalgo, señaló que en los dos últimos años, víctimas de extorsión han depositado alrededor de ocho millones de pesos por concepto de extorsiones telefónicas.
Lo anterior fue dado a conocer el jueves 23 de junio durante un evento en materia de seguridad organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Hidalgo y que se han iniciado 510 carpetas de investigación.
Agregó que detectaron la salida de llamadas telefónicas desde los Centros de Reinserción Social (Cereso), pese a que el uso de teléfonos celulares está prohibido dentro de esos espacios.
El funcionario acotó que “hay que diferenciar las conductas, la mayoría de las llamadas caen dentro de los delitos económicos de fraude cuando les piden dinero porque les dieron un premio a cuando les piden dinero para liberar a una persona migrante que tuvo un accidente”.
Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación reconoció la semana pasada que el delito de extorsión es el que más preocupa al gobierno de México, a pesar de que el homicidio doloso es el que genera mayor inestabilidad.
Lo anterior, durante una reunión de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo con la representación de las 32 entidades del país.
“Por extorsión telefónica, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene detectados como 14 mil millones de pesos que nadie reclama porque no existe denuncia y no hay delito”, según dijo entonces el funcionario federal.
Informó que se enviará una iniciativa de ley para que los recursos incautados por el delito de extorsión sean utilizados por el Estado para equipamiento de las policías estatales y trabajos de inteligencia en el rubro de ciberseguridad.