En 11 meses en Hidalgo fueron sancionados 172 servidores públicos estatales y municipales, de los cuales 94 derivaron de procesos en distintas demarcaciones.

Mientras que 76 corresponden a servidores públicos del gobierno estatal y organismos descentralizados, uno del Instituto de Transparencia del estado y uno del Poder Judicial de Hidalgo.

El Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados reportó 172 personas amonestadas, cifra que se redujo en comparación con los mil 417 correspondientes al mismo periodo de 2021.

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AMONESTACIONES PRIVADAS

De acuerdo con el sistema disponible en la página de la Secretaría de Contraloría, hasta el 6 de diciembre del total de servidores públicos sancionados, 64 recibieron amonestación privada.

Le siguen 57 servidores públicos inhabilitados por un mes, tres o seis meses y hasta un año, y existe el único caso de una exfuncionaria inhabilitada por 11 años a causa de desvío de recursos.

El reporte también enlista a 49 servidores con amonestación pública y dos casos de suspensión por un mes.

EDUCACIÓN, CON MÁS SANCIONADOS

De los 76 servidores públicos sancionados del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) es la dependencia que más amonestados registra, con 46.

Seguida de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) con 21 servidores públicos amonestados. En ambas dependencias la mayoría fue por omitir la declaración de situación patrimonial de modificación.

También destacan cuatro sanciones de trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas, uno de la Comisión Estatal de Vivienda y uno de la extinta Secretaría Ejecutiva de la Política Pública, por mencionar algunos.    

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TIZAYUCA CON MÁS AMONESTADOS

De los 94 servidores municipales sancionados, Tizayuca encabeza la lista con 52; la mayoría con amonestación pública por omisión a la declaración de situación patrimonial de inicio de cargo.

Mineral de la Reforma presenta diez servidores públicos sancionados, Pachuca registra ocho trabajadores municipales amonestados, y menos reportes presentan Tlaxcoapan, Lolotla, Tasquillo y Francisco I. Madero, por mencionar algunos.

Hasta la fecha el sistema no registra ningún servidor público municipal o estatal relacionado con el desvío de recursos en los que se involucra a 13 demarcaciones, por el que la Contraloría y la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) iniciaron procedimientos administrativos y penales.

 

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