El abogado José Francisco Díaz Cravioto, hijo de un expresidente del Tribunal Superior de Justicia en Hidalgo (TSJEH), está prófugo y es buscado por la Interpol.
Está acusado por el delito de fraude contra la empresa Luna Gas S.A. de C.V., cuenta con una orden de aprehensión vigente y la Interpol apoya en su búsqueda.
La suma del presunto fraude asciende a 39 millones de pesos y en sus oficinas fueron encontrados “documentos relevantes para la investigación en curso”.
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FICHA ROJA
Derivado de la causa penal 1048/2022 se han realizado cateos y la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) solicitó la emisión de una Ficha Roja.
El imputado es titular del despacho de abogados Firma Jurídica Díaz y es hijo del expresidente del TSJEH, José Francisco Díaz Arriaga, que estuvo de 2004 a 2006.
La orden de aprehensión contra Díaz Cravioto fue liberada el 28 de diciembre de 2022 y al día siguiente se solicitó a un juez de control órdenes de cateo.
INMUEBLES CATEADOS
El 31 de diciembre fue revisado el domicilio del acusado, en el fraccionamiento Club de Golf y sus oficinas en bulevar Colosio 6009, ambos en Pachuca.
Según la carpeta, el 15 de julio de 2021 los socios de Luna Gas S.A. de C.V. se enteraron de la posibilidad de expropiación de un inmueble de su propiedad.
Una semana después fue contratada la Firma Jurídica Díaz que, “con la intención de alcanzar un lucro indebido”, les solicitó diversas cantidades de dinero.
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LA CUENTA BANCARIA
Los depósitos fueron solicitados a la cuenta bancaria Cravioto Abogados S.C. para supuestos pagos de fianzas, contrafianzas, entre otros, señala la acusación.
El 16 de marzo de 2022, Díaz Cravioto indicó falsamente la existencia del expediente judicial para obtener más beneficio económico de la víctima.
Lo presentó como si lo hubieran emitido autoridades judiciales, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
NUNCA EXISTIÓ DECRETO
Lo anterior, para justificar ante Luna Gas S.A de C.V. trámites inexistentes, incluso ante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
Si no daban dinero perderían la gasolinera y al exhibir las supuestas garantías aseguraban no perder su patrimonio, lo que constituye un lucro indebido por 39 millones de pesos, pues nunca existió decreto expropiatorio, según la investigación.
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