El oficial mayor durante la administración estatal anterior, M.V.O., fue vinculado a un nuevo proceso por peculado agravado.

Lo anterior, a través de la unidad especial encargada de la investigación del maxiproceso por la llamada estafa siniestra, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

CONTRATACIÓN POR CASI 12 MDP

Con base en la formulación de la imputación que el Ministerio Público planteó ayer en audiencia inicial que comenzó a las 16:00 horas, M.V.O., como titular de la Oficialía Mayor durante la administración estatal 2016-2022, celebró el 16 de marzo de 2021 un contrato de prestación de servicios informáticos para la adquisición de un sistema denominado SIIVOA.

Dicho contrato que establece como dependencia solicitante a la Secretaría de la Contraloría, a través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Obras y Acciones.

Fue formalizado con el proveedor con razón social AKTAION DIGITAL S.A. de C.V., a quien se le pagó la cantidad de 11 millones 998 mil 560 pesos.

Dinero que, con base en las indagatorias de la PGJEH, fue utilizado en beneficio de la empresa mencionada, en virtud de que no se realizó el concepto para el cual se firmó el contrato, sin que el entonces oficial mayor diera el correspondiente seguimiento a la ejecución de esos recursos materiales.

CUATRO MESES PARA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA

Al concluir la audiencia inicial y con base en los datos de prueba de los que se allegó el Ministerio Público, un juez de control dictó el auto de vinculación a proceso para el exfuncionario estatal, por peculado agravado, en agravio de la administración pública.

La autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

ANTERIOR VINCULACIÓN POR PECULADO

La anterior vinculación a proceso por peculado agravado contra M.V.O., se debió a que en enero de 2022 solicitó a la Secretaría de Finanzas 18 millones de pesos para adquirir 34 mil litros de crema quirúrgica antiséptica en la contingencia por COVID.

Sin embargo, pese a que existe un contrato y dicho recurso fue pagado a Remaco Servicios Empresariales, el gel no ingresó al patrimonio del estado.

Derivado de este proceso fue dictada la prisión preventiva como medida cautelar.