El paro camionero programado para el 29 y 30 de agosto fue suspendido, luego que el gobierno federal dio respuesta positiva a las peticiones del gremio, sobre todo en el rubro de seguridad y pago de derechos e impuestos.
Gerardo González García, delegado en Hidalgo de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (Amotac), confirmó que desde el pasado viernes 25 de agosto iniciaron las mesas de trabajo con instancias del gobierno federal.
PETICIONES DE SEGURIDAD
En seguridad pública, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal comprometió reforzar la vigilancia en carreteras.
La Amotac ha señalado que además de asaltos que cotidianamente son cometidos en carreteras de todo el país contra transportistas, en meses recientes se han registrado alrededor de 40 asesinatos de conductores, también a nivel nacional.
González García dijo que el funcionario federal comprometió que la Guardia Nacional reforzará la vigilancia carretera, además que habrá atención inmediata a reportes que generen los transportistas.
PAGO POR DISVERSOS RUBROS
También acordaron que el uso de las rampas de emergencia será gratuito; los transportistas consideraban un abuso el pago entre 150 mil y 200 mil pesos por ese motivo.
Otro de los acuerdos es que la licencia digital sea reconocida por autoridades estatales y municipales, por lo que la Secretaría de Gobernación comprometió generar la comunicación al respecto hacia dichos órdenes de gobierno.
Finalmente se estableció no sancionar a los autobuses de modelos atrasados, pero en servicio, en tanto la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) culmina dicho trámite a los transportistas que lo requieran.
Queda pendiente la petición de eliminar el cobro de ingreso de camiones que hacen descarga en varios municipios del país; el representante de Amotac en Hidalgo indicó que en algunos casos son excesivos.
Además, el gobierno federal deberá establecer un mecanismo para que el servicio de grúas y remolque cobre de acuerdo con un tarifario ya existente, “pues actualmente cobran a su libre criterio y muchas veces en condiciones abusivas”.
PLAZO DE TRES MESES
Establecieron un plazo de tres meses, tanto para revisar el avance de los compromisos establecidos, como para el cumplimiento de las peticiones pendientes.