La Secretaría de Desarrollo económico (Sedeco) de Hidalgo inició procesos administrativos y penales contra servidores públicos por fraudes relacionados con la pérdida de 30 millones de pesos de la cartera vencida.
Carlos Henkel Escorza, titular de Sedeco, informó que al inicio de la actual administración identificaron una cartera vencida de 71 millones de pesos de créditos a empresas.
“Que no habían sido atendidos, revisados, ni intentado cobrar; era la caja chica de los anteriores gobiernos”, refirió.
EXPEDIENTES EN CONTRALORÍA Y PGJEH
Durante su comparecencia ante el Congreso local, el funcionario estatal dio a conocer que existen en análisis 30 millones 121 mil pesos por diferentes circunstancias.
Explicó que la Secretaría de Contraloría tienen en análisis 20 expedientes con irregularidades por 27 millones 787 mil pesos de créditos.
Mientras que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) cuenta con 15 expedientes por 1 millón 95 mil pesos derivados de fraudes que encontraron dentro de la misma institución por parte de servidores públicos.
DOCUMENTOS SUSTRAÍDOS Y SIN PAGARÉS
Además, agregó que hay dos expedientes sustraídos que comprenden 232 mil pesos; 11 expedientes sin pagaré por 133 mil pesos; y detectaron cinco personas fallecidas que no podrán pagar 77 mil 947 pesos.
Henkel Escorza detalló que del total de cartera vencida, 11 millones 759 mil pesos eran créditos anteriores al 2013 por lo que habían expirado y no podían ser cobrados.
Quedando una cartera vencida de 59.8 millones de pesos, que con las acciones de cobranza implementadas por el Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial (IHCE) ya tienen en bancos 4 millones 763 mil pesos recuperados.
RECUPERADOS 30 MDP
Indicó que existen en total 834 empresas sujetas de crédito, de las cuales 214 se acercaron al IHCE para reestructurar su deuda por un monto de 8 millones 121 mil 943 pesos.
Precisó que de los 59.8 millones de cartera vencida, han recuperado 4.7 millones, reestructuraron 8.1 millones y se recuperarán mediante litigios pertinentes 16.8 millones de pesos, sumando 30 millones de pesos que es la mitad del monto recuperable.
“El otro 50 por ciento tomará un cauce legal que determinará la Procuraduría y la Secretaría de Contraloría para poder deslindar las responsabilidades correspondientes”, señaló.