Derivado de un diagnóstico luego del cambio de gobierno, la Secretaría del Bienestar e Inclusión Social de Hidalgo encontró una dependencia estatal abandonada con escasa cobertura de los programas sociales y burocracia innecesaria, lo que dio paso a denuncias en Contraloría y en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), una de ellas por 22 millones y otra más por 100 mil pesos.

Así lo dio a conocer la titular de la dependencia estatal, Simey Olvera, durante conferencia de prensa al concluir su comparecencia en el Congreso de Hidalgo, quien señaló que las denuncias son contra quien resulte responsable.

Incluso, agregó que anteriormente las solicitudes de programas sociales eran manejadas por empresas externas, “lo que resultaba un proceso poco transparente y muy costoso”, dijo.

DIAGNÓSTICO

Por eso, al llegar a esta secretaría nos encontramos lamentablemente con una institución que había sido abandonada y sufrido un recorte presupuestal en la administración anterior”, comentó.

De 99 por ciento en gasto de inversión sólo se ejecutaron 5 millones de pesos, declaró en referencia a la eficacia de la dependencia en la pasada administración.

En ese tenor, “la cobertura de los programas sociales llegó a menos de 25 por ciento del estado en los últimos años, lo que benefició sólo a 96 personas en 2021 y a 558 en 2022”, dijo.

A su vez, descubrieron deterioro en la infraestructura de la institución, unidades móviles en desuso y centros gerontológicos en mal estado y con daños estructurales.

Incluso, la burocracia innecesaria era visible con direcciones generales sin recursos ni programas o acciones en cinco años.

Simey Olvera indicó que tal tendencia ha sido modificada durante el primer año de gobierno de la actual administración.