En un año la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) logró 16 vinculaciones a proceso por delitos contra animales y rescató a 63 perros.
De acuerdo con datos de la dependencia estatal, entre las personas con proceso se encuentra un funcionario de Mineral de la Reforma, acusado de envenenar a ocho perros.
Además, la PGJEH acumula 18 carpetas de investigación ya judicializadas referentes a delitos contra animales en la entidad.
REALIZÓ 27 CATEOS
También registra una sentencia condenatoria con procedimiento abreviado y, derivado de 27 cateos, rescataron a 63 animales en condiciones deplorables.
Recientemente, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), Mónica Mixtega Trejo, informó que en un año atendieron 500 denuncias por maltrato animal.
Las cuales, dijo, fueron turnadas al Ministerio Público y al municipio de ocurrencia para lo correspondiente.
BUSCAN EN CONGRESO LOCAL INCREMENTAR SANCIONES
Durante sesión ordinaria del pasado 24 de octubre, diputados del Congreso local presentaron una iniciativa con proyecto de decreto contra el maltrato animal establecida en el Código Penal estatal.
La iniciativa plantea añadir sanciones adicionales para quienes cometan delitos contra la vida, integridad y dignidad de los animales.
Además, se propone que los infractores queden inhabilitados para asumir cargos o empleos en establecimientos relacionados con el trato o cuidado de animales.
QUITAR DERECHOS A DUEÑOS DE MASCOTAS
La propuesta de reforma busca quitar todo derecho sobre los animales que hayan tenido bajo su custodia o resguardo, a quien sea responsable por actos de maltrato o crueldad en contra de animales domésticos.
De acuerdo con el artículo 349 del Código Penal de Hidalgo, se impondrá de tres meses a un año de prisión al que cometa maltrato o crueldad contra animales domésticos o ferales.
Así como multa de 25 a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir de 2 mil 593.5 a 5 mil 187 pesos.
En caso de que las lesiones causen la muerte al animal doméstico o feral se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de 50 a 150 UMA, e decir de 5 mil 187 hasta 15 mil 561 pesos.