La Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH) presentó al Congreso local la segunda entrega de la cuenta pública 2022 por un monto a solventar de más de 473 millones de pesos.
Los entes con mayor observación, de acuerdo con el documento entregado a los legisladores, son las entidades del sector paraestatal y entes autónomos por 285 millones de pesos, seguido de organismos descentralizados municipales por 93 millones de pesos, las alcaldías 87 millones y el Poder Legislativo con 5 millones de pesos.
Derivado de la intervención de la ASEH se determinó el reintegro a la hacienda pública de 442 mil 726 pesos.
Las principales irregularidades encontradas son falta u omisión de documentación justificativa, erogaciones injustificadas, pagos duplicados, improcedentes o en exceso, falta u omisión de documentos, irregularidades en la desincorporación o baja de bienes.
ENTIDADES SECTOR PARAESTATAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Instituto Hidalguense de Educación: 164 millones 451 mil 956 pesos
Colegio de Bachilleres de Hidalgo: 42 millones 635 mil 225 pesos
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Hidalgo: 23 millones 329 mil pesos
Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado: 20 millones 293 467 mil pesos
Bachillerato del Estado de Hidalgo: 12 millones 633 mil 251 pesos
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda: 24 millones 210 mil 491 pesos
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca: 14 millones 372 mil 988 pesos
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia: 7 millones 894 mil 607 pesos
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo: 7 millones 483 mil 681 pesos
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula: 6 millones 74 mil 773 pesos
ALCALDÍAS
Pachuca: 29 millones 677 mil 970 pesos
Tizayuca: 13 millones 93 mil 857 pesos
Progreso: 10 millones 713 mil 379 pesos
Mineral de la Reforma: 9 millones 986 mil 811 pesos
Tepeapulco: 7 millones 150 mil 425 pesos
La ASEH aclara que las observaciones no necesariamente implican recuperaciones o daños a la hacienda pública, ya que pueden ser solventadas en un plazo de 20 días hábiles.