Luego que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) observó casi 144 millones de pesos por un supuesto hackeo, la SEPH presentó las carpetas de investigación iniciadas para justificar la anomalía.

El titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Natividad Castrejón Valdez, indicó que por recomendación del jurídico y del área de Finanzas se presentan las demandas penales que han iniciado.

Sirven como instrumento para que la Auditoría Superior sepa que hay un proceso legal con respecto a esas cantidades que se detectaron y que está auditando y observando”, refirió.

NO PEDIRÁN PRÓRROGA

El funcionario estatal indicó que no es necesario pedir prórroga para solventar los 143 millones 999 mil 857.73 pesos por el pago del servicio de recuperación de datos tras un supuesto hackeo al Instituto Hidalguense de Educación.

Las demandas ya están presentadas. Ya están integradas a la carpeta, se presentan y se aclara que ese es el motivo por el cual no se puede presentar más información puesto que presumimos que parte de un presunto delito”, explicó.

Derivado de la revisión a la cuenta pública 2022 la ASEH observó dicha cantidad y confirmó que no se acreditó la preexistencia del hackeo a los servidores, sistemas, plataformas y bancos de datos digitales.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Castrejón Valdez recordó que la SEPH reportó a la Auditoría Superior del estado y esta a la Secretaría de Contraloría, que a su vez presenta la demanda ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

Por tanto, dijo, le toca a la PGJEH hacer la investigación para determinar si hubo una violación al derecho.

Cabe recordar que derivado de esa denuncia fue detenido el exsubsecretario de Administración y Finanzas de la SEPH, Pablo M.C., el 5 de abril de 2023, y días después fue vinculado a proceso con prisión preventiva justificada, por el delito de peculado.

Además, en abril de este año, la Secretaría de Contraloría estatal canceló el registro del Padrón de proveedores a la empresa Aktaion Digital, involucrada en el desvío de recursos por el supuesto hackeo.