Tras dar de baja a 540 constructoras, la Secretaría de Contraloría analiza a 500 proveedores para sacarlos del Padrón de Proveedores y Contratistas de la Administración Pública de Hidalgo.
El titular de la dependencia estatal, Álvaro Bardales Ramírez, comentó que con los 540 contratistas dados de baja entre noviembre de 2023 y febrero de este año existen procesos legales.
Por el momento, dijo, hicieron una pausa en la revisión de constructoras, ahora van con los proveedores, por lo que en un mes podrían ser dados de baja del padrón.
VIGILANCIA PERMANENTE DE PADRÓN
Mencionó que la vigilancia del padrón será una acción permanente en lo que resta de la administración, con el fin de que realmente existan las empresas y cuando haya un reclamo sepan a dónde acudir con ellas.
“Queremos un Padrón de proveedores y contratistas íntegro, que garanticen al gobierno el mejor precio, la mejor calidad, la garantía y el cumplimiento del contrato tal como está establecido”, refirió.
Detalló que las empresas que fueron y serán dadas de baja, pero que tienen contratos actuales deben terminar los compromisos que ya tienen, pero lo que no pueden hacer es que ninguna entidad pública los contrate.
LISTA NEGRA DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
El contralor estatal informó que como parte de la depuración del padrón, elaboraron una lista negra de proveedores y contratistas donde aparece el nombre de la empresa, los socios, representantes legales y personal técnico responsable.
“Hicimos un banco de información de la empresa y monitoreamos que esos mismos socios no aparezcan en otra empresa. Cruzamos la información de quiénes son los socios y representantes legales”, explicó.
Precisó que en ese cruce de información detectaron a una empresa constructora que tenía más de 80 obras con irregularidades en todo el estado.
FALTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
Recientemente, la dependencia estatal informó que dieron de baja a 540 contratistas por incumplir con la Ley de Obras Públicas.
Bardales Ramírez explicó que la acción derivó de una profunda revisión de las obras públicas de los últimos seis años, donde se detectaron irregularidades.
Principalmente fue porque no se llevó a cabo el acta de entrega recepción, a la que las empresas están obligadas por ley y contrato, e indicó que cuando no se hace ese trámite implica que alguna de las partes está en conflicto o inconforme con la obra.