Tras considerar como inaceptable el reciente asesinado de un adulto mayor en Pachuca, el Congreso de Hidalgo propuso aumentar las penas a quienes cometan delitos contra personas adultas mayores.
Durante sesión ordinaria, el Grupo Plural Independiente presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo VII Bis al título tercero del Código Penal para el Estado de Hidalgo.
Lo anterior, en materia de delitos cometidos en perjuicio de personas adultas mayores; iniciativa a la que se sumó el resto de bancadas de la 65 Legislatura.
CASTIGAR DELITOS CONTRA ADULTOS MAYORES
El diputado Julio Valera Piedras, indicó que la iniciativa busca sancionar a quienes se aprovechen y lastimen a las personas adultas mayores, además de prevenir que sean víctimas de delitos.
“Debemos prevenir y castigar situaciones lamentables como lo sucedido recientemente en Pachuca. Estos actos son inaceptables, reflejan una falta de integridad y humanidad”, expresó.
En tribuna, el legislador local se refirió al homicidio de un hombre de 72 años el pasado jueves, en la colonia Santa Julia de Pachuca, cuando se encontraba con su esposa y dos personas ingresaron a su vivienda para robarles.
AUMENTAR MITAD DE CONDENA
Señaló que ese tipo de delitos atentan contra la integridad y bienestar de las personas adultas mayores que con su esfuerzo y sacrificio contribuyeron al desarrollo de la comunidad.
La iniciativa propone adicionar un capítulo al Código Penal del estado que contemple disposiciones específicas a los delitos cometidos en perjuicio de personas adultas mayores.
Así como, aumentar la mitad de la punibilidad prevista, para cualquier delito cuando se cometan contra personas adultas mayores.
DESTITUCIÓN DEL CARGO PARA SERVIDORES PÚBLICOS
También, faculta a los jueces para privar a las responsables de sus derechos sucesorios y de familia, los derechos de tutela que pudieran tener sobre las personas adultas mayores víctimas del delito.
La destitución del cargo, comisión e inhabilitación para ocupar otro cargo como cualquiera de los delitos o conductas graves que sean cometidas por servidores públicos.
La iniciativa fue turnada a la primera comisión permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia del Congreso estatal para su estudio, análisis y resolución.