El próximo 1 de mayo inicia el periodo para que los más de 84 mil servidores públicos del Poder Ejecutivo de Hidalgo presenten su declaración patrimonial.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, el año pasado a 250 servidores públicos les iniciaron procedimiento administrativo por incumplir con la obligación.
Además, la dependencia estatal también revisa las actas de entrega recepción y declaraciones patrimoniales de conclusión de quienes renunciaron a sus cargos.
130 MIL DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
El titular de la Secretaría de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, informó que del 1 al 31 de mayo deben presentar la declaración cerca de 130 mil personas de Hidalgo que laboran en el gobierno federal, estatal y municipal.
Detalló que además de las declaraciones patrimoniales, las y los servidores públicos están obligados a presentar las relacionadas con el no conflicto de intereses.
Recordó que en 2023, registraron el 99.9 por ciento de cumplimiento y para este año buscan que una cantidad similar presente la obligación.
PODRÁN HACER SU DECLARACIÓN DESDE SU TELÉFONO
El funcionario estatal indicó que de los cerca de 130 mil hidalguenses obligados a presentar la declaración patrimonial, 84 mil son servidores públicos del Poder Ejecutivo.
Mencionó que desde hace un mes iniciaron la campaña de promoción al interior de las dependencias estatales, y como el año pasado, trabajarán conjuntamente las secretarías de Educación Pública, Salud y Contraloría.
Los burócratas son capacitados y se les brindan las herramientas para su cumplimiento, entre ellas, que puedan hacerlo mediante su teléfono celular.
250 TRABAJADORES CON PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Bardales Ramírez comentó que el año pasado 500 servidores públicos no presentaron la declaración en tiempo y forma, y se les inició un procedimiento.
Posteriormente, 250 trabajadores fueron excluidos de alguna responsabilidad porque justificaron o se encontró justificación, como algún tipo de enfermedad o que presentaban un procedimiento de carácter legal.
El resto, que son 250 servidores públicos, fueron sometidos a un procedimiento de responsabilidades administrativas.