Integrantes del Congreso de Hidalgo exportaron a los 84 ayuntamientos para que agilicen sus trabajos de revisión, atención y solución a los expedientes de juicios laborales a fin de no dejar laudos a las próximas administraciones municipales.
Durante la sesión ordinaria de este lunes, las y los integrantes de la LXV Legislatura aprobaron el acuerdo económico por el que llaman a los municipios para que refuercen sus acciones en materia de demandas laborales.
Lo anterior en el marco del proceso de entrega-recepción final municipal, para que las administraciones que inician gestión el 5 de septiembre no se vean afectadas en sus haciendas públicas con el pago de esos laudos.
SENTENCIAS A CARGO DE TRIBUNALES LABORALES
En la exposición de motivos detallaron que la resolución de las diferencias a los conflictos de la relación laboral entre empleados y empleadores o viceversa está a cargo de los Tribunales Laborales del Poder Judicial de la federación o del estado.
Además, que las resoluciones o laudos que emitan los tribunales laborales deben cumplirse dentro de los 15 días siguientes al día en que surte efecto la notificación.
Ya que vencido el plazo, la parte que obtuvo la sentencia favorable puede solicitar la ejecución de la resolución en términos de la Ley Federal de Trabajo.
HASTA 2022 SUMABAN 100 MDP POR LAUDOS EN MUNICIPIOS
Explicaron que si el juez advierte que existe el riesgo de no ejecutar la sentencia, o si el patrón realiza actos tendientes al incumplimiento de la misma, se puede decretar el embargo de cuentas bancarias o bienes inmuebles.
Según el acuerdo económico, las resoluciones emitidas por los tribunales laborales que son condenatorias para los entes públicos, se convierten en un grave problema para las haciendas públicas.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo hasta el año 2022, existían resoluciones a favor de los empleados en diversos municipios del estado con un monto estimado de 100 millones de pesos.
Que las administraciones públicas municipales tienen la obligación de pagar, lo que pone en riesgo de embargo a las gestiones municipales que se van heredando administración tras administración.