La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) emprendió acciones penales contra la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Ana Karen Parra Bonilla, y otros funcionarios de ese organismo de quienes se pide una disculpa pública.
Les adjudican los delitos de abuso de autoridad, infidelidad en custodia de documentos y revelación de secreto agravado por haber emitido una recomendación sin respetar el debido proceso ni la confidencialidad.
PIDEN REMOVER A LA OMBUDSPERSON
El representante jurídico de la UAEH, Rafael Hernández Hernández, junto con la defensora universitaria Elsa Ángeles, dijo que se solicita una disculpa pública de la comisionada por haber vulnerado la presunción de inocencia y el debido proceso al hacer pública una recomendación respecto a los hechos de violencia del pasado 19 de septiembre cuando la Procuraduría todavía no resuelve al respecto y no hay conclusiones.
Están requiriendo al Ministerio Público la medida cautelar de la suspensión provisional del ejercicio de funciones contra la presidenta Ana Karen Parra, así como de la titular de la Visitaduría Briseida Eugenia Martínez y del director de análisis Oscar Chargoy Rodríguez.
GUERRA DE CONFERENCIAS
En conferencia de prensa el representante de la universidad declaró que la responsable de la Comisión rompió sus propias normas al dar a conocer información confidencial.
El pasado lunes Parra Bonilla hizo público en conferencia de prensa que se ha solicitado una disculpa pública al rector de la universidad, Octavio Castillo Acosta, por los hechos ocurridos en el edificio central de Abasolo el pasado septiembre, derivados de las protestas estudiantiles en el Instituto de Artes.
RECOMENDACIÓN DE “CARÁCTER POLÍTICO”
El director general jurídico opinó que la difusión que hizo la titular de la Comisión de Derechos Humanos tiene tintes políticos.
Amagó que “esos mismos servidores públicos dejarán de serlo y responderán por sus acciones”.
Los denunciantes expresaron que el 19 de agosto la universidad fue notificada de la recomendación y simultáneamente estaban haciéndolo público sin esperar los 10 días para recibir respuesta de la casa de estudios, como lo marca la normativa.
CONSEJO UNIVERSITARIO
Agregaron que tampoco hubo una propuesta de solución como lo establece la propia Ley de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.
Mencionaron que será el Consejo Universitario, compuesto por casi 150 personas, el que determine si se acepta o no la recomendación emitida por la Comisión.
El órgano defensor de derechos humanos “ha omitido pasos y procedimientos esenciales y pretenden manchar la integridad de la casa de estudios”, se dijo.
No se respetó el acuerdo de confidencialidad que obra en el expediente de la queja, ni existió una apertura formal de la Comisión para hacer una propuesta de solución y tampoco se respetaron los 10 días que tenía la universidad para pronunciarse, dijo Hernández Hernández.
“Es lamentable que la presidenta Karen Parra tuviera la osadía de torcer su propia normativa haciendo pública una recomendación apenas unas horas después de haberla entregado a la universidad”, sostuvo.