Más que denostar o revirar con una denuncia, se debe entender el compromiso fundamental que es respetar los derechos universales de las personas, señaló el gobernador Julio Menchaca Salazar.
Lo anterior luego del anuncio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) de interponer denuncia penal contra la CDHEH tras dar a conocer una recomendación.
El mandatario estatal comentó que la UAEH es una institución autónoma tal como lo es la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) y confió en que se utilicen los cauces institucionales para responder a las recomendaciones.
EXISTEN LOS CONDUCTOS DE LEY
Recordó que por parte de quienes se sintieron agredidos el 19 de septiembre de 2023 hubo una solicitud de intervención, lo que derivó en una resolución de la Comisión y lo que tiene que darse es una contestación.
Indicó que el gobierno del estado ha acatado las resoluciones de la CDHEH y cuando tiene alguna situación que pueda alegar para no cumplir una recomendación, existen los conductos que la propia ley establece.
“Más que denostar, más que revirar con una denuncia hay que atender al compromiso fundamental que es respetar los derechos universales, los derechos de las personas, y las recomendaciones deben tener el enfoque”, expresó.
CADA QUIEN ES RESPONSABLE DE SUS ACCIONES
Menchaca Salazar comentó que hace años buscó ser presidente de la Comisión que es un organismo que todos los días trabaja para evitar el maltrato, la discriminación, la no inclusión de todas las personas, que es la aspiración de la sociedad, además que es un proceso de educación y conciencia social.
“Cada quien es responsable de sus acciones, lo que deseo es que todo ese esfuerzo vaya encaminado y se tenga respuesta de los que reclaman una aclaración o una aceptación incluso”, puntualizó.
El 21 de agosto la Autónoma de Hidalgo informó que emprendió acciones penales contra la presidenta de la CDHEH Ana Karen Parra Bonilla y otros funcionarios de ese organismo de quienes se pidió una disculpa pública.
Ya que les adjudican los delitos de abuso de autoridad, infidelidad en custodia de documentos y revelación de secreto agravado por haber emitido una recomendación sin respetar el debido proceso ni la confidencialidad.