La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) suma 41 funcionarios y exfuncionarios públicos estatales y municipales procesados penalmente por actos de corrupción de la llamada estafa siniestra.
Además, acumula 78.2 millones de pesos recuperados de recursos públicos, informó el encargado de despacho de la PGJEH Francisco Ángel Fernández Hasbun.
En comparecencia ante el Congreso de Hidalgo el funcionario estatal detalló que de las personas procesadas logró la detención de 16 como parte del combate a la corrupción.
10 VINCULACIONES A PROCESO
Mediante la proyección de un video sobre las acciones de la dependencia dio a conocer que a partir del maxiproceso contra la corrupción denominada estafa siniestra se procesó penalmente a 17 personas funcionarias públicas.
Así como a 23 personas exfuncionarias públicas, tanto estatales como municipales, a un presidente municipal con licencia y a una persona particular.
Detalló que se logró la vinculación a proceso de cuatro presidentes municipales, un presidente municipal con licencia, cuatro exfuncionarios estatales y un exsecretario de estado.
ÓRDENES DE APRENSIÓN CONTRA EXSECRETARIOS
Además, precisó que se obtuvieron órdenes de aprehensión contra una funcionaria estatal en activo, dos exsecretarios de estado, un exsubsecretario de estado y un director general.
Destacó que por primera vez se ha logrado la judicialización de una investigación contra un particular por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Agregó que se obtuvieron dos sentencias condenatorias contra un ex presidente municipal y lograron recuperar como pago de la reparación del daño a favor de municipios y el estado de Hidalgo un total de 78 millones 214 mil 708.27 pesos.
SEIS POLICÍAS DETENIDOS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN
También se informó que adicionalmente en otros actos de corrupción han ejecutado órdenes de aprehensión contra cinco ex presidentes municipales.
Cuatro exfuncionarios municipales, seis policías de seguridad pública estatal y un agente de investigación.
Mencionó que los resultados obtenidos a través de esas acciones benefician directamente a la población hidalguense a partir de la reducción de la impunidad y la garantía de un mejor aprovechamiento de los recursos públicos.