Irapuato, Guanajuato.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 80VG/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velásquez, por las violaciones graves a los derechos humanos a la vida en agravio de Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la UG quien murió a manos de la Guardia Nacional.
El joven de 19 años era estudiante de la facultad de agronomía de la Universidad de Guanajuato campus Irapuato.
La tarde del miércoles 27 de abril, Ángel Yael convivía con otros tres estudiantes a bordo de una camioneta tipo van en un terreno despoblado en la comunidad Ex Hacienda El Copal, muy cerca de la universidad.
Se estaban por retirar cuando se acercaron a ellos agentes de la Guardia Nacional. Con miedo, los estudiantes arrancaron el vehículo, por lo que los agentes federales les dispararon e inició una persecución tras ellos, hasta que la camioneta se detuvo en la calle principal de la comunidad Ex Hacienda El Copal, al norte de Irapuato.
Ahí murió de un disparo en el cráneo Ángel Yael, mientras la estudiante Edith Alejandra, de 22 años, recibió un disparo en un hombro; los otros dos alumnos de agronomía salieron ilesos.
Acusan uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Nacional
La CNDH también emitió la recomendación por violaciones a los derechos humanos por la integridad personal y seguridad jurídica en agravio de los otros tres estudiantes que viajaban con Ángel Yael, por el uso excesivo de la fuerza atribuible a los elementos de la Guardia Nacional.
“El 27 de abril de 2022 fue iniciada una investigación de oficio en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que más tarde fue remitida a esta Comisión Nacional por razones de competencia por violaciones a los derechos humanos de cuatro jóvenes quienes se encontraban conviviendo en un terreno cercano a la Universidad de Guanajuato en la que estudian.
“Al momento de retirarse en sus vehículos arribaron de manera intempestiva elementos de la Guardia Nacional quienes descendieron y comenzaron a disparar en su contra. Una de las víctimas recibió un disparo en la cabeza y falleció al momento y otra fue herida en el hombro derecho”, citó el informe de la CNDH.
La Comisión Nacional acreditó el uso excesivo de la fuerza que derivó en violaciones al derecho a la vida de Ángel Yael y a la integridad personal de las otras tres víctimas, ya que se advirtió que los elementos de la Guardia Nacional no actuaron de acuerdo a los principios contenidos en la ley nacional sobre el uso de la fuerza la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la ley de la Guardia Nacional, ni acorde a lo establecido en los principios comunes y esenciales que rigen el uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego.
“A pesar de que los elementos de la Guardia Nacional declararon que los jóvenes huyeron a alta velocidad en cuanto los vieron, por lo que tuvieron que perseguirlos y dispararles dado que no quisieron detenerse. Esta Comisión Nacional concluyó que el uso de la fuerza fue ilegal, dado que no se encontraban frente a una amenaza real e inminente que ameritara el uso de sus armas letales para salvaguardar su vida e integridad.
“Tampoco se advirtió que los jóvenes opusieron resistencia, mucho menos agresiones por el contrario se acreditó que los elementos de la Guardia Nacional dispararon de inmediato y de manera directa a las víctimas, sin existir causa debidamente motivada para accionar sus armas de fuego ni gradualidad en el uso de la fuerza; por lo cual su uso resultó inoportuno y necesario y por ende excesivo”, observó la CNDH.
Precisó que con motivo de lo anterior existe una afectación al derecho a la vida de Ángel Yael, así como a la integridad personal de las otras tres víctimas, cuyo proyecto de vida fue drásticamente afectado.
“Pues generaron secuelas a nivel físico, psicológico y social como son alteraciones en su estado emocional y expectativas en su realizaciones sociales al manifestar estados de temor ansiedad y depresión”, afirmó.
Dijo que aunada a la responsabilidad individual de los elementos de la Guardia Nacional también existió una responsabilidad institucional, toda vez que las acciones del personal evidenciaron su falta de preparación en cuanto a los protocolos de uso de la fuerza y armas de fuego, así como en materia de rendición de cuentas lo que es totalmente imputable e irreprochable a esa institución.
“Con base a lo anterior la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó a la Guardia Nacional inscribir en el registro nacional de víctimas a las cuatro personas cuyos derechos se violentaron, así como a las siete víctimas indirectas.
“Y proceder a la inmediata reparación integral del daño que incluya la medida de compensación, además que se les otorgue la atención médica integral, psicológica, tanatológica y de rehabilitación, según corresponda cada una de ellas”, demandó.
Derechos Humanos también recomendó gestionar una beca o un mecanismo similar para garantizar que si así lo desean, los tres estudiantes que sobrevivieron al ataque, puedan continuar y concluir con sus estudios de nivel superior.
“De igual forma se pide a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana colabore con el juzgado encargado de la investigación en contra de las personas servidoras públicas, que pudieran resultar responsables de los hechos derivados de esta recomendación.
“También que colabore con el organismo interno de control de la Guardia Nacional, a fin de que se realice una investigación exhaustiva sobre estos hechos, que se imparta un curso sobre el uso de la fuerza y su marco normativo vigente, dirigido a quienes participaron en los hechos y desempeñan labores de seguridad pública, cuyos contenidos deberán ser adecuados para prevenir casos similares”, solicitó la CNDH.
Por último, pidió que se emita una circular dirigida a los elementos de la Guardia Nacional del área implicada en los hechos, que participan en las tareas de seguridad pública, para que se atienda lo establecido sobre el uso de la fuerza, con el propósito de que las personas servidoras públicas de dicha corporación registren audiovisualmente el desarrollo de los operativos en que participen.
El agente de la Guardia Nacional que mató a Ángel Yael e hirió a Edith Alejandra, está en prisión por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
Y recientemente el pasado 5 de diciembre se logró la vinculación a proceso de un segundo elemento de la Guardia Nacional implicado en estos hechos, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de los tres estudiantes que sobrevivieron, pero seguirá su proceso en libertad.
MCMH