León, Guanajuato.- La Contraloría Municipal determinó que Enrique Sosa Campos, tesorero municipal en la pasada administración; Rodolfo Ponce Ávila, director de Desarrollo Rural y un jefe de compras, son los responsables de la venta de un terreno de un jardín de niños a un particular y de descontar la mitad del impuesto predial al Club Campestre.
De acuerdo con la investigación de la Contraloría, Enrique Sosa modificó un acuerdo del Ayuntamiento de 2010, de la donación que hizo el Ayuntamiento a la SEG del terreno, sin tener facultades para ello, informó una fuente de Presidencia Municipal.
Sosa es actualmente director de Prospectiva Laboral en la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado y siempre ha trabajado junto al exalcalde Héctor López Santillana.
Él fue el principal operador de la compra de terrenos a los campesinos de Salamanca y Villagrán, con dinero del Estado, para construir ahí una refinería que nunca se concretó, bajo una operación oculta denominada “Cereal y Pastas Finas”, en 2009, durante el sexenio de Juan Manuel Oliva.
La auditoría será presentada hoy a las 10:00 de la mañana ante los síndicos y regidores de la Comisión de Contraloría Municipal. Sin embargo, el proceso todavía no está terminado. Los presuntos responsables todavía tienen oportunidad de presentar alegatos y pruebas ante la Contraloría, para que ésta las valore.
La historia
En septiembre pasado, un portal de noticias dio a conocer la venta irregular del terreno del Jardín de Niños Juan Aldama, pues los directivos del plantel no se enteraron del asunto, hasta después, cuando la operación ya se había concretado.
El terreno se vendió mediante subasta el 28 de septiembre de 2020, dentro de un “paquete” de 14 terrenos baldíos que fueron presentados por Sosa Campos ante el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento como inútiles.
El 11 de octubre de 2021, el síndico José Arturo Sánchez Castellanos también dio a conocer que Rodolfo Ponce Ávila, director de Desarrollo Rural de la pasada administración municipal, había otorgado una constancia de que el Club Campestre tenía terreno agrícola. Esto, con el fin de recibir un descuento del 50% en el pago del impuesto predial, lo cual obtuvo en junio de 2021.
Ambos hechos fueron denunciados ese día ante la Contraloría Municipal por el síndico José Arturo Sánchez Castellanos. Y derivaron en la devolución de los dos millones de pesos descontados al Club Campestre.
Y en que Gabriel Padilla, el empresario que compró el terreno, ofreciera a la Presidenta Municipal, Alejandra Gutiérrez, devolverlo.
MCMH