León, Guanajuato.- En la investigación por la subasta de la fracción de un kínder, que apunta al extesorero municipal, Enrique Sosa Campos, se advierte una responsabilidad grave.
La Contraloría Municipal confirmó que, por presunta responsabilidad administrativa, se sigue proceso a tres ex servidores públicos por el caso de la subasta del terreno de un kínder y a uno más por el descuento del impuesto predial al Club Campestre.
Lo anterior lo presentó la titular de la Contraloría, Viridiana Márquez, en la sesión de la Comisión de Contraloría, Transparencia y Combate a la Corrupción, este martes.
Sin dar nombres por ser expedientes en trámite, en el informe bimestral de la Contraloría Municipal se reporta sobre la promoción de sanciones en proceso de ejecución en el caso del kínder a funcionarios de: Tesorería, Dirección de Control Patrimonial y Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Por el caso del descuento predial al Club Campestre el expediente refiere a la Dirección General de Desarrollo Rural (dirigida entonces por Rodolfo Ponce Ávila).
Tesorería, sí es falta grave
Solamente en el caso del expediente contra Tesorería (encabezada por Enrique Sosa Campos) se advierte una responsabilidad grave, por lo que, según marca la legislación anticorrupción en Guanajuato, el proceso de responsabilidad administrativa debe ser resuelto por el Tribunal de Justicia Administrativa.
En este asunto en particular la conducta realizada, cita el informe, fue “acto de abuso de sus funciones al solicitar llevar a cabo la modificación de acuerdo”.
El acuerdo al que se refiere el informe es la donación del terreno que hizo el Ayuntamiento en 2010 a la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG).
Una fracción del terreno del kínder Juan Aldama, ubicado en colonia Mirador Campestre, fue subastada, junto con otros terrenos propiedad municipal, con la justificación de que eran predios sin utilidad y eso permitiría allegarse de ingresos.
El comprador del predio, el empresario Gabriel Padilla, ha ofrecido regresar el terreno, aunque ese proceso de devolución todavía no se concreta de manera legal.
El ex Tesorero Municipal de León es hoy Director de Prospectiva Laboral en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno del Estado.
Tres más, no graves
En los otros tres casos son faltas no graves que compete a la Contraloría Municipal determinar una posible sanción, luego de concluir los procedimientos de responsabilidad administrativa en donde los implicados pueden presentar pruebas.
En el tema de Desarrollo Rural la falta fue “emitir beneficio a favor sin estar debidamente justificado”. Aquí hay que recordar que el Club Campestre devolvió al Municipio el descuento motivo de la investigación, que fueron 2.5 millones de pesos.
Las otras dos faltas no graves son en la Dirección de Control Patrimonial y en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, relacionados con la subasta del terreno del kínder, y el motivo es “proporcionar información contraria”.
Ambos asuntos fueron investigados a petición del síndico emanado del PAN, José Arturo Sánchez Castellanos, al inicio de la presente Administración Municipal.
El Síndico preguntó en la sesión el tipo de sanción a que pudieran ser acreedores los exfuncionarios por las faltas no graves, y el plazo para determinar las mismas.
La Contralora Municipal respondió que, si no hubiera pruebas por desahogar que alarguen los procesos, los procedimientos se estarán resolviendo en tres meses.
Y, de acuerdo a la Ley federal y estatal de Responsabilidades Administrativas las sanciones pueden ser desde amonestación pública o privada, suspensión de 1 a 30 días, destitución, o la inhabilitación de entre 3 meses a 1 año de cargos públicos.
AM