León, Guanajuato.- “Fue un homenaje, pero disculpa yo no vi ninguna“, dijo Víctor Briseño, papá de Víctor Ricardo Briseño, uno de los trabajadores fallecidos en la planta de tratamiento de SAPAL, tras el homenaje que el miércoles hicieron autoridades municipales a las víctimas.
Aseguró que no tuvieron la sensibilidad para disculparse.
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Se presentó todavía Enrique de Haro, no sé para qué, si no iba a dar una disculpa, jamás tomó cartas en este año y medio. No pudo tomar una decisión y aún queda como director del SAPAL y la disculpa pública como esperábamos nunca llegó”, reclamó Víctor Briseño en rueda de prensa.
Agregó que Enrique de Haro Maldonado, director de Sapal, y el exalcalde Héctor López Santillana, fueron responsables también de las malas decisiones que llevaron a su hijo a morir en el módulo de desbaste.
La disculpa pública se acordó en las pláticas de Justicia Alternativa que tuvieron representantes del SAPAL, el Ayuntamiento y los familiares de los cinco fallecidos en noviembre 13 del 2020.
A más de un año y medio de la tragedia se concretó el pago por reparación de daño, cuyo monto no ha sido revelado por decisión de ambas partes.
Sapal además se hace cargo del costo de las terapias psicológicas que reciben los familiares de las víctimas.
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“Alberto de Jesús Silva Zúñiga (uno de los fallecidos) dejó un menor y la beca que se le dará es un acuerdo por cumplir, la beca es institucional del Municipio, pero se debe acordar en próximas fechas por el Ayuntamiento para que quede asentado este compromiso“, dijo el activista Gustavo Lozano, quien acompañó a las familias.
Entre las peticiones que no se concretaron fue la destitución y dimisión del director del consejo y presidente de Sapal.
Esto debido a los señalamientos de las familias que indicaron un incremento de los niveles mínimos de contaminantes para tratar agua en la zona de desbaste, favoreciendo a la industria curtidora cinco meses antes.
También por lo que consideraron omisión de Sapal desde 2014, sobre el incremento de aguas con contaminantes químicos que deterioraron la planta, producto de la curtiduría.
Se pactaron medidas de no repetición para garantizar que la muerte de sus familiares no fue en vano, que no le suceda a nadie más y que el Sapal atienda a la sustentabilidad”, explicó Gustavo Lozano, quien también insistió en que se pidió la baja de niveles de contaminantes.
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En la zona de desbaste se pidió que a los trabajadores se les diera capacitación y equipo de trabajo, y que se haga un manual del proceso productivo y operación de empresas curtidoras, de conformidad con los estándares internacionales de uso y saneamiento de agua.
Así como la aplicación efectiva en Sapal del artículo 20, para la integración de consejo directivo para que una organización afín a la ciudadanía forme parte del consejo.
Hasta el momento, se dijo también, el Municipio lejos de elegir una de las organizaciones postulantes (Acción Colectiva, Fura y COTAS), se integró a Asociación Mexicana de Hidráulica, señalada por no tener en sus estatutos la obligación de cuidar el derecho al agua.
También se reprochó la integración en el consejo de Sapal de Martín Solís, señalado por Acción Colectiva como exsecretario de Finanzas en la administración del exgobernador Miguel Márquez Márquez; y como suplente Julio César Sánchez Delgado, quien segun Acción Colectiva fue trabajador de Abengoa, empresa que defraudó al Gobierno mexicano por 2 mil millones de pesos al no realizar trabajos en el extinto proyecto de agua para León, Zapotillo.
Nos parece increíble que una persona que trabajó en Abengoa se logre colar a un espacio de toma de decisiones tan importante para nuestra ciudad”; señaló Lozano, de la organización acompañante de las familias víctimas.
Por su parte el abogado Juan de Dios Hernández Araiza señaló que los procesos de Derechos Humanos contra el Ayuntamiento y la Fiscalía continúan, así como la investigación de la Contraloría para fincar responsabilidades.
“Se hizo la recomendación al Ayuntamiento y a la Fiscalía del Estado, pero no acataron, impugnamos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la carpeta 112652/2021 con el objetivo de que se le realice la recomendación“, señaló el abogado.
A la Fiscalía del Estado por omisiones en la investigación sobre la muerte de los trabajadores y al ayuntamiento de Héctor López Santillana.
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(En Contraloría) está el expediente 2421/11 donde se hace una investigación a servidores públicos y las omisiones al operar una planta donde no contaban con las condiciones de seguridad minimizas“, insistió el abogado.
Se informó en rueda de prensa que se espera inhabilitación de funcionarios por las pruebas presentadas.
Los cinco fallecidos en la planta tratadora de Sapal
- Víctor Ricardo Briseño Rangel, 29 años. Supervisor operativo de desbaste, hacía funciones de supervisión en las instalaciones. Antigüedad: 6 años, 7 meses.
- Juan Antonio Méndez Rivera, 20 años.Peón de plantas de tratamiento, hacía funciones de apoyo a los supervisores. Antigüedad: 5 meses.
- José Salvador Afanador Martínez, 25 años. Peón de plantas de tratamiento, hacía funciones de apoyo a los supervisores. Antigüedad: 1 año, 3 meses.
- Omar Ignacio Martínez Flores, 27 años. Peón de plantas de tratamiento, hacía funciones de apoyo a los supervisores. Antigüedad: 1 mes, 24 días.
- Alberto de Jesús Silva Zúñiga, 19 años. Peón de plantas de tratamiento, hacía funciones de apoyo a los supervisores. Antigüedad: 1 mes, 24 días.
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