León, Guanajuato.- Juan Pablo Delgado Miranda, director de Amicus, asociación dedicada a la lucha de la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ, pidió al Congreso del Estado acatar el amparo que lo obliga a etiquetar presupuesto en beneficio de esta comunidad.
Queremos hacer un llamado al Congreso del Estado, y en particular al secretario general del mismo (Christian Cruz Villegas), que se toma atribuciones que no le corresponden, a que no presente un recurso de revisión en contra de esta resolución de demanda.
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Es una resolución que reconoce derechos y que al Congreso del Estado le señala una omisión y el Congreso debería de reconocer que violentó derechos y entonces repararlo a través de ejecutar en su totalidad el contenido de la sentencia”, demandó.
El 31 de marzo del año en curso, el Juez Cuarto de Distrito con sede en León concedió una demanda de amparo promovida por diversos activistas locales en contra de la omisión del Congreso del Estado de incluir una partida presupuestal en favor de las personas LGBTIQ.
Por lo tanto le ordena al Poder Legislativo que incluya en el presupuesto de Egresos del Estado de este año una partida para dicha comunidad, aunque no se señala la cantidad.
Juan Pablo Delgado Miranda describió esta resolución como un antecedente que no tiene precedentes en el país, el obligar a un congreso a etiquetar recursos para la atención de las problemáticas a las que se enfrenta esta población, y dijo esperar que el Congreso por fin se tome en serio su papel de reconocer derechos y que no opte por recurrir a la sentencia de amparo.
“Si se imaginaba difícil aprobar una iniciativa de ley que reconozca derechos, desde nuestra perspectiva es aún todavía más difícil que se asigne dinero para poder implementar políticas públicas.
Hoy el Congreso del Estado está obligado por esta resolución del Juzgado Cuarto de Distrito con sede en León, el congreso está en la oportunidad de recurrir, como en ocasiones anteriores ya ha recurrido, a sentencias de amparo que tienen que ver con el reconocimiento de derechos de personas de la diversidad sexual”, apuntó.
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El activista explicó que esta partida se tendría que crear, pues señaló que en los apartados de presupuestos de egresos de la Ley de Egresos del Estado y de los Municipios ya existen algunas partidas específicas que detallan cuánto recurso está etiquetado, por ejemplo para la atención de mujeres, la infancia y la adolescencia.
Se tendría que crear un apartado específico que asigne determinada cantidad de recursos para la implementación de políticas públicas para la comunidad LGBTIQ. Idealmente se tendría que hacer un diagnóstico que establezca cuáles son esas políticas que puedan solventar la situación de violación de derechos a esta comunidad”, subrayó.
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Añadió que las principales problemáticas a las que se enfrentan las personas LGBTIQ son la deficiente atención en servicios de salud, violencia escolar y acoso laboral.
Sugirió al Congreso tomar como referencia otras entidades donde ya se destina un presupuesto para la implementación de políticas públicas para esta población como Jalisco, Ciudad de México, Monterrey, Nayarit, Morelos y el Estado de México, “si de verdad existe el espíritu de avanzar de manera rápida en el reconocimiento de derechos”, concluyó.
DSS