León, Guanajuato.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado (Prodheg) emitió una recomendación al Ayuntamiento de León para que se inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa contra el síndico José Arturo Sánchez Castellanos.
Y también para que ofrezca una disculpa pública al extesorero de León, Enrique Sosa Campos. Aunque el organismo nunca revela su nombre, por el contexto de los hechos relatados, se desprende que es él.
Lo anterior, en virtud de que “quedó acreditada la violación al derecho humano a la protección de la honra y de la dignidad, al derecho humano a la presunción de inocencia y al derecho humano a la integridad personal, en su vertiente de protección a la integridad moral” de Enrique Sosa por parte del síndico.
El 11 de octubre de 2020, Sánchez Castellanos presentó una queja ante la Contraloría Municipal por la venta irregular de un terreno propiedad del kínder Juan Aldama en la administración de Héctor López Santillana.
Uno de los señalados fue el extesorero Enrique Sosa, que a la postre fue exonerado por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
El exfuncionario municipal, que para la Prodeheg es: “la persona quejosa”, y así se refiere a él en toda su resolución, expresó que las autoridades señaladas como responsables realizaron múltiples declaraciones de forma pública, en donde lo responsabilizaron por supuestas faltas administrativas durante su gestión como servidor público municipal.
Esto, pese a que el procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en su contra ante el Tribunal de Justicia Administrativa estaba en etapa de investigación y, por lo tanto, no había resolución firme que lo señalara como responsable de falta alguna.
Sosa señaló que el síndico realizó diversos señalamientos públicos ante los medios de comunicación en relación a actos que estaban siendo objeto de análisis en un proceso administrativo, y formuló pronunciamientos identificándolo plenamente, a través del uso de información y documentación de la que se desprendió su nombre y cargo con el propósito de desacreditarlo.
Sánchez Castellanos negó los hechos atribuidos y señaló no haber realizado ninguna conducta que violara los derechos humanos del extesorero; asimismo, mencionó que lo manifestado en las entrevistas lo hizo en ejercicio de su libertad de expresión y a la información pública.
Además, en su informe aceptó haber acudido a entrevista a un programa radiofónico el 24 de agosto de 2022, cuyo tema central fue hablar de Enrique Sosa Campos, y en específico sobre la determinación tomada por el TJA acerca de la inexistencia de responsabilidad administrativa del exfuncionario municipal.
Pero afirmó que las declaraciones realizadas obedecieron a cuestionamientos planteados por los periodistas, sin que hubiera revelado, ni tácita ni expresamente, el nombre de la persona quejosa.
“Contrario a lo mencionando por el síndico, de las pruebas analizadas, se desprende que sí realizó manifestaciones en contra de la persona quejosa que violaron sus derechos humanos.
“Por lo tanto, los comentarios realizados por el síndico fueron juicios de valor en contra de la persona quejosa, en los que aseguró que fuera del juicio legal, ya se había emitido un juicio social y moral que se quedaría en la historia, los magistrados y los jueces fueron la sociedad y la opinión pública, señalando que la persona quejosa aún seguía laborando en Gobierno del Estado, cuando debió haber sido sancionado”.
“(…) es una vergüenza que a pesar de que se persiguió desde la Contraloría no ocurrió nada (…) Le demuestran a toda la ciudadanía que se puede hacer mil cosas como ésta y no hay consecuencias, es una invitación a robar porque no habrá ninguna sanción (…)”, fue lo que expresó Sánchez Castellanos, refiere la Procuraduría en su resolución del 27 de marzo.
“Por lo tanto, los señalamientos públicos realizados por el síndico violaron el derecho humano a la protección de la honra y la dignidad, el derecho humano a la presunción de inocencia y el derecho humano a la integridad personal, en su vertiente de protección a la integridad moral”.
AM buscó a Sánchez Castellanos para conocer su postura, pero dijo que la dará hasta que sea notificado oficialmente en sesión de Ayuntamiento, que calculó será hasta la sesión del 13 de abril.
AM