León, Guanajuato.- Se quedó sin materia y por lo tanto se archivó la recomendación emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa contra el síndico José Arturo Sánchez Castellanos, y para que pidiera una disculpa pública al ex tesorero municipal Enrique Sosa Campos.
Esto porque Jorge Jiménez Lona llegó a un acuerdo con el extesorero, afirmó la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez en entrevista, pero no precisó los detalles del acuerdo.
No hay nada que acatar porque se llegó a un acuerdo y ni siquiera subió a Ayuntamiento, porque ya no hay materia, o sea ya se archivó… Yo no tengo la obligación de recomendar absolutamente nada.
“Hubo un acuerdo previo donde la persona ya no tiene interés de continuar (el extesorero), entonces ya no hay ningún tema qué cumplir. Ya no tengo yo ninguna obligación de acatar ninguna recomendación porque en este momento no existe”, expresó Alejandra Gutiérrez.
Jorge Jiménez Lona, secretario del Ayuntamiento, explicó a AM que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDHEG) lo convocó a él y a Enrique Sosa para llevar a cabo una conciliación el 11 de abril.
El acuerdo en el que concluyeron fue que el extesorero pidió que no se toque más este tema en medios de comunicación y así lo aceptó Sánchez Castellanos. “Y la víctima (es decir, Enrique Sosa), se dio por satisfecha y se da por concluido el proceso.
Al no ser vinculantes las recomendaciones, ese proceso de conciliación se dio”, afirmó y dijo que está permitido por la Ley de Protección de los Derechos Humanos del Estado.
José Arturo Sánchez no acudió a la conciliación porque la recomendación no se dirigió hacia él, sino al Ayuntamiento de León.
En su resolución del 27 de marzo, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado emitió una recomendación al Ayuntamiento de León para que se inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa contra el síndico José Arturo Sánchez Castellanos.
Y también para que pida una disculpa pública al extesorero de León Enrique Sosa Campos, aunque el organismo nunca revela su nombre, pero por el contexto de los hechos relatados se desprende que es él.
Lo anterior, en virtud de que “quedó acreditada la violación al derecho humano a la protección de la honra y de la dignidad, al derecho humano a la presunción de inocencia, y al derecho humano a la integridad personal, en su vertiente de protección a la integridad moral”, de Enrique Sosa, por parte del síndico.
El 11 de octubre de 2020, Sánchez Castellanos presentó una queja ante la Contraloría Municipal por la venta irregular de un terreno propiedad del kínder Juan Aldama en la administración de Héctor López Santillana.
Uno de los señalados fue el extesorero Enrique Sosa, que a la postre fue exonerado por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
El exfuncionario público, que para la Procuraduría de los Derechos Humanos es “la persona quejosa” y así se refiere a él en toda su resolución, expresó que las autoridades señaladas como responsables realizaron múltiples declaraciones de forma pública, en donde lo responsabilizaron por supuestas faltas administrativas durante su gestión como servidor público municipal.
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