León, Guanajuato.- Después de programarse tres veces a lo largo de los últimos meses, finalmente se llevó a cabo la audiencia inicial de otra de las carpetas por presunto fraude inmobiliario contra Edgar Francisco Franco Ríos, representante legal del despacho Punto Legal, quien actualmente está recluido en el Cereso de León.
La carpeta referida hoy incluye las denuncias de 44 afectados, varios de los cuales muestran enojo y frustración porque no avanzan sus juicios, al reprogramarse las audiencias iniciales, impidiendo llegar a las audiencias intermedias y a las sentencias.
Por la cantidad de personas, se habilitó la sala magna del Juzgado de Oralidad Penal de León. Tras cuatro horas de audiencia, apenas habían declarado la mitad de los ofendidos.
Ellos exigen que las autoridades dejen de darle largas a sus procesos legales por la falsa venta de propiedades en remates bancarios y vinculen a proceso a Franco Ríos, implicado en una red que incluye a su madre, un hermano y varios colaboradores.

También piden que haya cuidado en los tiempos procesales, ya que según los afectados, la defensa de Edgar Franco usa todo tipo de estrategias para retrasar los juicios.
“Me doy cuenta que -los agentes del Ministerio Público- no llevan un orden, -la agente- vino y no sabía a qué hora eran las audiencias -de hoy-. Por eso les pedimos al Poder Ejecutivo, al Judicial y al Legislativo que pongan un grupo especializado para esta situación, porque nos dan fechas empalmadas -o que se posponen-, pero hay gente que tiene que pedir permiso en el trabajo, que viene enferma, que tiene discapacidad” y se complica asistir.
Así se expresó Miguel Domínguez, uno de los coordinadores del grupo de afectados, que rondaría las 478 personas, de acuerdo a una lista encontrada dentro del propio despacho, que, dijo, les fue filtrada. Pero solo unas 350 han presentado denuncias, por un monto superior a 100 millones de pesos.
Así como esta carpeta, hay otras que agrupan las querellas de 58 personas, de 13 personas, 59, 56, 12, dos y hasta una sola persona contra Edgar Franco.
“Si se acumulan todas (las sentencias) no le van a dar mil 200 años pero la libertad no tiene precio. La mayoría de la gente queremos que lo sentencien y aún no llegamos a esa etapa”, continuó el afectado.
Denuncias de años
Desde 2019 había denuncias contra Franco Ríos pero el caso se hizo público hasta un encuentro del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo con notarios, a fines de marzo de 2023, que tres de las afectadas exigieron ser escuchadas y se les canalizó con el fiscal general Carlos Zamarripa Aguirre, a quien una cincuentena de ofendidos presentaron sus casos.
La detención de Edgar Franco, el 1 de abril, dio esperanzas de justicia, pero a partir de entonces las investigaciones poco han avanzado.
Francisco Gutiérrez Martínez casi pierde su trabajo por estar pidiendo permiso para atender su caso. Él le pagó a Punto Legal 220 mil pesos, por una propiedad en remate en junio de 2022.
“Yo estoy en la carpeta de 56 denuncias. Nos han pospuesto dos veces la audiencia inicial, -mi propiedad- era por 190 mil pesos, a fines de abril de 2021. La última audiencia fue del 8 de noviembre, que se canceló y no nos han notificado de una nueva”, dijo Gerardo Otero Pimentel, otro denunciante.
Los presuntos defraudados también se quejan porque las sanciones no han alcanzado a los titulares de cuatro notarías: la 32, 47, 48 y 102, si bien a Enrique Macías Chávez se le revocó el Fiat de la 47 desde 2022. De los demás, no se conoce castigo.
Piden comprensión ante la deuda millonaria que todavía enfrentan muchos de ellos o por la pérdida de los ahorros de toda su vida.
CA