León, Guanajuato.- Trabajadores de Liconsa en Guanajuato presentaron una queja contra María Concepción González Rangel, subgerente y titular de esa oficina en León, por hostigamiento laboral, tratos humillantes y discriminación, sin que su denuncia, enviada a varias autoridades nacionales hace un mes, haya tenido eco.
Las y los inconformes, seis de los cuales dieron testimonio anónimo a AM por temor a represalias, temen que se le esté protegiendo desde altos niveles, ya que ella presume su cercanía con Guillermo Guzmán Cota, ex dirigente estatal de Morena en Baja California Sur y actual aspirante a candidato a diputado federal en aquel estado.
Es además primo de Leonel Cota Montaño, director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo resultado de la fusión de las empresas estatales Liconsa y Diconsa, que bajo el concepto de lechería-tienda, benefician en el estado de Guanajuato a más de 264 mil personas con la venta de productos de la canasta básica y leche fortificada a precios subsidiados.
Queremos manifestar que desde el inicio de su gestión como Subgerente del Programa de Abasto Social de Leche Guanajuato la Maestra María Concepción González Rangel ha incumplido las funciones para las que fue contratada, ya que lejos de trabajar en equipo y dedicarse al funcionamiento del Programa lo que ha hecho es dividir al personal, protegiendo a unos e insultando y humillando a otros”.
Así indica la denuncia que los empleados enviaron por correo electrónico y en físico el 16 de enero, al director Leonel Cota, en oficinas centrales de Liconsa; a Salvador Reyes Falcón, titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones; a los directores de Operaciones y Recursos Humanos y a la Secretaría de la Función Pública.
Así como a Uriel Francisco Gómez Pineda, asesor jurídico del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Láctea, Alimenticia, Similares y Conexos de la República Mexicana (SINDILAC).
Pero no ha habido respuesta alguna.
En la queja, a la que se anexaron memorias digitales con audios como presuntas pruebas contra la subgerente, se menciona a dos subalternas, señaladas por favoritismo de González Rangel, quienes “incumplen en sus funciones con el personal sindicalizado y de confianza al ignorar cualquier petición o solicitud”, pero sería por indicaciones de la directora.
Sin curva de aprendizaje
Según los denunciantes, aunque desde que llegó a Liconsa, el 1 de mayo de 2023, ha sido difícil la relación de González Rangel con la plantilla en Liconsa, el ambiente laboral ha empeorado a partir del 1 de febrero, cuando ella decidió intercambiar entre sí a las cinco titulares de jefatura.
Las jefas de Crédito y Cobranza, Contabilidad, Relaciones Industriales, Adquisiciones y Padrón, todas mujeres, fueron asignadas a un área diferente del mismo nivel, mientras que otras tres áreas -Distribución, Comercial y Mantenimiento-, dirigidas por hombres, no tuvieron cambios.
De acuerdo con testimonios recabados, algunas de ellas no tienen experiencia en su nueva área pero no reciben apoyo de la anterior titular ni ellas mismas pueden ofrecerlo a su reemplazo por órdenes directas de Concepción González.
A diez días hábiles del movimiento, varias de las cinco jefas luchaban contra reloj para emitir los informes y cierres que se esperan de esas jefaturas, por lo que estaban saliendo horas después de su jornada laboral autorizada.
Cabe destacar que las oficinas de Liconsa se encuentran en la avenida Saturno cerca del Libramiento, en un área de bodegas, en León.
Laberinto burocrático
En Guanajuato hay 291 puntos de venta Liconsa-Diconsa, ubicados en 45 de los 46 municipios.
En León hay 61 de estos establecimientos que apoyan la economía familiar: el precio de un litro de leche Liconsa es de 6.50 pesos, una cuarta parte de lo que cuestan otras marcas en tiendas.
La calidad del trabajo del personal de Liconsa repercute en la distribución eficiente -o no- de estos productos a personas que se hayan registrado en el padrón, la mayoría, en pobreza extrema o situación vulnerable, muchas veces en zonas rurales.
AM solicitó tres días consecutivos una entrevista personal o telefónica con María Concepción González Rangel para conocer su postura sobre estos señalamientos, sin que fuera concedida. De igual manera con Leonel Cota, en oficinas centrales.
Tampoco hubo éxito con la oficina de Recursos Humanos o la Dirección de Operaciones. Por su parte, el Órgano Interno de Control canalizó el tema a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Se cuestionó sobre el tema a Mauricio Hernández Núñez, delegado federal de programas para el bienestar, quien se limitó a decir que en ello tendría qué intervenir la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), por lo que se solicitó una entrevista con el delegado en Guanajuato, Rafael Castillo Bermúdez, sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta.
Como no hay propiamente un folio y no hay información suficiente en internet sobre cómo levantar una queja, AM pidió información vía telefónica a un empleado de Atención Ciudadana en SFP pero cuando este preguntó el nombre de la denunciante y se expresó temor de darlo por posibles represalias, el empleado simplemente colgó. En el número principal para levantar quejas, el 800 1128700, la llamada ni siquiera entra.
Las banderas del presidente Andrés Manuel López Obrador y su movimiento La Cuarta Transformación han sido contra “la corrupción, el nepotismo, el compadrazgo, el amiguismo en el gobierno”.
Sin embargo, fue en Segalmex donde se ha detectado el mayor caso de corrupción en el sexenio: el dinero faltante se ha cifrado en 9 mil 500 millones de pesos por convenios y contratos irregulares. En el caso de “La Estafa Maestra”, durante el gobierno peñista, se calculó un desfalco por 7 mil 600 millones.
Ambiente de terror
En su denuncia escrita y también de viva voz, los y las quejosas expresaron a AM lo cansado y estresante que es trabajar bajo estas condiciones, cuando la máxima autoridad se refiere a ellos como ineptos, buenos para nada, ‘huevones’ e incluso ‘basura’, por lo que ya presentan alteraciones físicas y de sueño.
Además de las jefas estarían siendo hostigados también muchos de los 30 empleados de confianza en la oficina en León y una veintena de promotores y promotoras, quienes viajan constantemente por el estado para actualizar el padrón de beneficiarios al Programa de Abasto Social de Leche (PASL).
Según los testimonios, las personas protegidas por la subgerente no atienden sus peticiones de índole laboral.
Cuando se pide una explicación literalmente la ignoran, no contestan correos, no informan de pagos de vales, ni de los depósitos de nómina, no envían los recibos de nómina a tiempo, se batalla mucho para poder obtener respuestas. Todas estas acciones son por instrucciones de la Maestra”, indica la queja.
Mientras que una de las denunciantes declaró: “Ella, desde el año pasado estuvo solicitando que le autorizaran cinco jefaturas para correrlas -a las jefas- y como no se las dieron, lo que está buscando es que nosotras solas ‘tronemos’. En todas las reuniones y también de forma individual, nos decía ‘ya pedí cinco lugares, pero los que se queden no deben estar tranquilos, va a haber muchos cambios’”.
Los seis testimonios coinciden en que son acciones constantes para minar su autoconfianza pero también la confianza entre compañeros.
Afiman que son obligados a vestir de color naranja cada día 25 -según para generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas-, pero que si no lo hacen, son exhibidos y denostados públicamente por la subgerente.
También, que para la fiesta de fin de año amenazó que se tomarían medidas extremas para aquellos que no participaran, aunque la reunión costó 800 pesos por persona. Y se viene arrastrando desde septiembre el pago total de una póliza de seguro por gastos médicos, en perjuicio de una promotora.
“Nosotros no estamos negados a los cambios, el problema es cómo lo hizo. Lo que está provocando es que -las personas cambiadas de puesto- lo hagan mal para correrlas y no se vale. Lo que pedimos es trabajar en un ambiente sano sin humillaciones ni hostigamiento”, concluyeron los denunciantes.
Despedida de rectoría
El 24 de mayo de 2022, estudiantes de la Universidad Tecnológica de La Paz (UTLP), de la que entonces era rectora María Concepción González Rangel, se manifestaron frente al gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, y anunciaron un paro de labores a partir del día siguiente.
De acuerdo a notas periodísticas, los alumnos denunciaron a la maestra por falta de apoyos administrativos, despidos injustificados, malos tratos, intimidación e incluso amenazas.
Víctor Castro Cosío anunció a los universitarios que la rectora sería destituida en los siguientes días. Había sido nombrada apenas seis meses antes.
Por su parte, el director de Vinculación de la UTLP, José Armando Romero Díaz, confirmó a AM que el 31 de mayo de 2022 Concepción González dejó la rectoría por un cambio de adscripción otorgado por la Secretaría de Educación Pública de BCS, aunque no se levantó ningún acta o queja en su contra.
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