Guanajuato capital.- El diputado Gerardo Fernández González, coordinador del PVEM en el Congreso local, hizo un llamado al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a analizar y atender de manera inmediata a los defraudados por el despacho jurídico Punto Legal, en León.
“Vemos omisiones voluntarias por parte del Estado ante actos evidentes de corrupción”, expresó en referencia a los notarios públicos pues, dijo, los defensores de oficio que les han asignado a algunas de las víctimas no los quieren atender.
En un caso en el que las autoridades de este Estado parecen hacerse de la vista gorda ante los ya múltiples asesinatos de las personas que han intentando brindar justicia y donde cientos de familias siguen afectadas”.
Afirmó que es un caso ampliamente conocido para la Fiscalía, sin embargo, el acceso a la justicia parece no ser un asunto prioritario. Refirió que la propia Fiscalía prometió otorgar asesoría a los defraudados pero no cumplió.
Recordó que de 2019 a la fecha van más de 360 denuncias contra este despacho inmobiliario, de las cuales solamente 3 han sido judicializadas. Aunque las afectadas son más de 450 familias.
En la tribuna del Congreso, Gerardo Fernández denunció que a las víctimas les han puesto todo tipo de dificultades: se les atiende por separado, se suspenden las audiencias porque los agentes del Ministerio Público no conocen el caso o los abogados no tienen la capacidad para acudir.
Se reprograman las audiencias de manera constante con pretextos ridículos porque se les ponchó una llanta, porque hubo problemas de notificación o porque el abogado de la contraparte se sentía mal.
Calificó que éste es “el caso más turbio” que tiene ahora en sus manos la justicia guanajuatense, porque se trata de un fraude por 120 millones de pesos logrado mediante engaños a personas promocionando casas en venta en Facebook.
Las personas firmaban algo que creían era un contrato de compra-venta pero en realidad no lo era, sino que se trataba de un contrato de prestación de servicios.
La gente hacía pagos mensuales y supuestamente se les entregaban las casas pero cuando iban a verlas, se encontraban con terrenos baldíos o direcciones inexistentes.
Recordó que el principal imputado por este caso es Edgar Franco, quien el año pasado fue detenido y liberado tras pagar una fianza de 5 mil pesos, para ser nuevamente capturado. Ahora, a pesar de que permanece en prisión, no ha sido vinculado a proceso dado que en diversas ocasiones se ha pospuesto la audiencia para ello.
Además de que su despacho les ha ofrecido reintegrar solo el 30% de lo robado.
“Imagínense que el patrimonio de toda una vida, te roban, y no hay justicia y dos abogados de las víctimas fueron asesinados en circunstancias bastante turbias. La impunidad que vemos, deja a las víctimas en un constante estado de indefensión”, expresó Gerardo Fernández.
HEP