León, Guanajuato.- Este martes será una jornada importante para las 367 personas que denunciaron por presunto fraude inmobiliario a integrantes del despacho Punto Legal, ya que se reanudará la audiencia inicial de la carpeta con el delito de presunta asociación delictuosa.
En esta carpeta están señalados Edgar Francisco Franco Ríos, representante legal del bufete, su hermano Carlos Fernando y Sandra Sarahí, esposa de Edgar.
Se considera que la asociación delictuosa es dañina para toda la sociedad, explicó en su momento Eliseo Vargas Castellanos, asesor legal de la mujer que presentó la denuncia número 1P2024-05.
Remates inmobiliarios anunciados en Facebook
El caso arrastra denuncias al menos desde 2019, cuando Punto Legal anunciaba en Facebook el remate de casas desde 250 mil pesos. Aunque los clientes pagaban en efectivo, nunca se les entregó ninguna propiedad: se firmaban documentos en notarías de la ciudad, pero no eran las escrituras sino contratos de prestación de servicios. Nunca devolvió el dinero.
Las denuncias se dieron a conocer públicamente en marzo de 2023, cuando en un encuentro del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo con notarios del estado, varias personas afectadas se plantaron en el evento para exponer la situación y pedir la intervención del gobierno.
Uno encarcelado y otro vinculado a proceso
Originalmente eran menos de cincuenta denuncias, pero después de ese acto público, otras 300 se presentaron en las siguientes semanas. En mayo del año pasado, Edgar Franco fue recluido en el Cereso de León, donde enfrenta vinculación a proceso por 13 causas penales, mientras que Fernando está vinculado en una pero llevando el proceso en libertad. Todos, casos por el presunto delito de fraude.
Destaca que a principios de enero, uno de los abogados de las víctimas, Juan José Hernández Torres, fue asesinado y su cuerpo encontrado en el camino que conduce a Otates, casi esquina con bulevar La Luz, en tanto que otro defensor vinculado al caso, Salvador Alejandro González, también murió en un ataque a tiros en el cruce de los bulevares Morelos e Insurgentes, en febrero.
Avances… por fin
Los procesos judiciales han sido largos y desgastantes para las víctimas, por los constantes cambios de abogado y estrategias de Edgar Franco para retrasar las audiencias, según los afectados.
La audiencia por presunta asociación delictuosa inició el jueves, donde Edgar y Fernando presentaron a un defensor de oficio, mientras que Sandra cuenta con una abogada privada.
Esta pidió duplicidad de término constitucional para su clienta, con un plazo de 144 horas para presentar evidencias y testigos a favor de ella e intentar deslindarla de la responsabilidad.
Aunque la vinculación a proceso a los tres, no implica prisión preventiva, abonaría a los otros procesos, de fraude, afirmó Eliseo Vargas.
JRL