León, Guanajuato.- Una leonesa es la quinta mujer que muere este año al interior del Penal Federal 16 en Coatlán del Río, Morelos; su caso es el número 18, desde el 2022 que se tiene registro de fallecimientos bajo circunstancias similares.

Erika Jovana Quintero Picón, de 23 años, era originaria de León, Guanajuato, y murió de asfixia por ahorcamiento, el pasado domingo 3 de noviembre.

Debido a la ola de presuntos suicidios en el área femenil del penal federal, la Secretaría de Seguridad de ese estado, indicó que desde el mes pasado implementó un modelo de operación con perspectiva de género.

 

Carátula de la recomendación 276/2023, que hizo la CNDH al Penal Federal 16 en Coatlán del Río, Morelos. Foto: Captura de pantalla

 

Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 276/2023 hacia dicho reclusorio, en relación a estos casos.

La Comisión señaló al Cefereso 16 y a la FGE Morelos, por la inadecuada investigación de 13 mujeres privadas de la libertad que cometieron suicidio.

Entre los derechos humanos vulnerados a las víctimas fallecidas se encuentran los relativos a la protección a la salud y seguridad jurídica; mientras que también se advirtió la vulneración del derecho de acceso a la justicia de 18 personas víctimas indirectas, precisó la CNDH.

Exigen legisladores que Fiscalía rinda cuentas

Los diputados locales de Morelos exigieron a finales de octubre que la Fiscalía General del Estado, encabezada por Uriel Carmona Gándara, informara detalladamente sobre estos 18 presuntos suicidios de mujeres reclusas.

También pidieron un reporte sobre el cumplimiento de la recomendación de la CNDH.

El 29 de octubre, el diputado Alfonso Sotelo Martínez, de Morena presentó como punto de acuerdo dicho exhorto hacia la Fiscalía de Morelos, mismo que fue aprobado en sesión ordinaria.

Sotelo Martínez señaló que las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en prisión y la falta de derechos humanos en su tratamiento es preocupante.

Agregó en su exhorto que las mujeres privadas de la libertad, en proceso o sin sentencia, “padecen graves violaciones a sus derechos humanos. Desde el momento de su detención hasta su ingreso a los centros de reclusión, se enfrentan a discriminación y vulneración al debido proceso”, apuntó el diputado Alfonso Sotelo Martínez.

JRL

 

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