León, Guanajuato.- Después de casi cuatro años de que el oficial Diego Fernando Pérez Rangel muriera al recibir un balazo de un compañero de manera accidental en una práctica de tiro, el 18 de febrero de 2021, el Municipio y el imputado por el hecho, no han cubierto la reparación del daño a la familia de la víctima.
El 27 de febrero de 2023 al inculpado, Luis Manuel Fonseca Vargas, se le dictó sentencia de un año de prisión, llevando su proceso en libertad, con una multa de 896 pesos, correspondiente a 10 días equivalentes a la cantidad de medidas de actualización diaria vigente a la fecha de los hechos del delito. Hasta el día de hoy no ha pagado.
También se le condenó, de manera subsidiaria, al Ayuntamiento de León, como tercero obligado a la reparación del daño, con un pago de 448 mil 100 pesos, así como la retribución de 89 mil 620 pesos por concepto de daño moral, a favor de los padres del oficial, como víctimas indirectas, y que hasta la fecha no ha sido liquidado.
El seguro de vida con el que cuentan los elementos de la Policía fue el único que se les entregó, en mayo del 2021.
En ese tiempo, la Dirección de la Policía Municipal estaba a cargo de Jorge Guillén Rico, ahora Secretario de Seguridad Pública de León.
Además de Benjamín Pérez Estrada, quien era el instructor certificado de tiro; meses después, fue presentado como director operativo de la Policía Municipal y apenas el año pasado fue dado de baja.
Benjamín Pérez llevó a los oficiales del grupo de Comando de Operaciones Tácticas, conocido en ese entonces como “Grupo COT“, a un campo de tiro no certificado por la Secretaría de Seguridad Pública, en la comunidad Santa Rosa Plan de Ayala.
Ese día realizaban la técnica “Carp”, que consistía en desenfundar el arma y accionar lo más rápido posible, lo realizaban en parejas.
Durante los alegatos en las audiencias en una sala de oralidad, se dio a conocer que alrededor de las 6 de la tarde, del 18 de febrero de 2021, el instructor Benjamín Pérez Estrada, había ido a comer, dejando como encargado a Luis Manuel Fonseca Vargas, quien no tenía certificación como instructor.
En ese momento, Fonseca Vargas decidió poner en práctica a los preventivos Brandon Ulises Rodríguez Camacho, César Antonio Ramírez Luna, Alma Alicia y a Diego Fernando, con quien fue pareja en la práctica.
Para realizar la práctica, ambos se colocaron de espaldas, Fonseca Vargas le indicó “al momento que yo diga ‘up’, vas a girarte 180 grados y accionar el arma, saliendo de la línea de tiro“. Diego Fernando no realizó nada; Fonseca hizo el ejercicio completo, accionando el arma a su cargo en la cabeza de Diego, quien murió casi al instante.
Ese día se iniciaron las indagatorias correspondientes bajo el número de carpeta de investigación 16386/2021 por el delito de homicidio culposo con solicitud de procedimiento abreviado dentro de la causa penal 1P2021-428.
Dos años después, el 17 de febrero de 2023, María Soledad Rangel Sánchez y Roberto Carlos Pérez López, padres de Diego Fernando, interpusieron una demanda de reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Tribunal de Justicia Administrativa, a petición del Ayuntamiento de León.
En respuesta a esa petición, el apoderado del Ayuntamiento de León, el licenciado Francisco Monjaraz, mencionó que para realizar dicho pago de reparación del daño era necesario que no existiera algún trámite pendiente, y al demostrarle lo contrario, manifestó que no se le había autorizado liberar el pago de reparación del daño.
La defensa de Luis Manuel Fonseca argumentó que el pago de la reparación del daño fue cubierta al entregar el seguro de vida que le correspondía a Diego Fernando, misma que fue entregado a sus padres. Sin embargo, el Juez indicó que el seguro de vida es un derecho con el cuentan todos los oficiales de la Policía Municipal.
Aclaró que al tratarse de una muerte violencia por parte de un compañero, y el Ayuntamiento de León, como tercero obligado, por las condiciones del lugar que no estaba certificado como campo de tiro, deberían dar el pago de 448 mil 100 pesos, así como la retribución de 89 mil 620 pesos por concepto de daño moral.
En alguna ocasión nos citaron para decirnos que se iba a dar el pago de 89 mil pesos, pero por una cantidad más baja y nosotros aceptamos. Pero ya después tampoco cumplieron con ese pago”, comentaron los padres de Diego durante una entrevista.
Periódico AM solicitó información a la Secretaría de Seguridad Pública de León, para conocer sobre el proceso legal del caso y el por qué se detuvo el pago de la reparación del daño, pero nunca se tuvo una respuesta contundente.
Cabe mencionar que durante el proceso legal, Luis Manuel Fonseca Vargas fue dado de baja de la corporación y no ha liquidado su parte del pago.
AAK