Santiago.- Los chilenos recuerdan el martes el tercer aniversario de un estallido social seguido de multitudinarias protestas que derivaron en la instalación de una convención que redactó una nueva constitución rechazada hace un mes y medio por el electorado.
Las principales demandas ciudadanas de 2019 de mejoras en salud, educación, jubilaciones y más viviendas siguen sin respuesta a tres años de la revuelta que dejó 33 muertos, más de 400 personas con heridas oculares, miles con lesiones y más de tres mil 100 querellas por violaciones a los derechos humanos durante la represión policial.
La jornada comenzó con barricadas incendiarias en algunas zonas periféricas de la capital chilena y en el transcurso del día se esperan algunas manifestaciones, por lo que el gobierno dispuso que 25 mil policías resguarden el orden público para evitar, como en años anteriores, que encapuchados protagonicen actos vandálicos.
El presidente Gabriel Boric declaró que tras la revuelta las cosas “llegaron a un extremo que no debieron haber llegado”.
El vandalismo causó daños por mil 400 millones de dólares, según las autoridades de la época, que incluyeron incendios y daños a 118 estaciones del subterráneo, iglesias quemadas y saqueos a locales comerciales en todo el país. La agrupación de medianos y pequeños comerciantes indicó que 17 mil locales fueron saqueados.
Añadió que el estallido “fue una expresión de dolores y fracturas” de la sociedad y que “hemos avanzado poco” en solucionar los problemas sociales. También abogó por la aprobación de las reformas tributaria, de pensiones y en salud para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
El tercer aniversario de la revuelta social se registra a un mes y medio de que el 62% del electorado rechazara una propuesta constitucional redactada por una convención izquierdista.
El texto era la respuesta al 78% de los chilenos que en octubre de 2020 votaron por una nueva carta magna para reemplazar a la impuesta por los militares hace 41 años.
Boric, cuya aprobación cayó esta semana al 27% según la encuestadora Cadem, impulsó al Congreso a iniciar un nuevo proceso constitucional mediante un acuerdo entre los partidos políticos, que esperan plebiscitar otra carta magna a fines de 2023.
Chile vive una creciente inseguridad por el aumento de la delincuencia, una escalada inflacionaria que ha llegado al 13,7% anual, una inmigración ilegal descontrolada en el norte del país y una oleada de atentados incendiarios en el sur, mientras la economía se desacelera y según el Fondo Monetario Internacional se contraerá 1,0% el próximo año, lo que afectará el empleo.
“Estamos en peores condiciones de país que hace tres años” afirmó Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputados, y añadió que el país vive una “extrema fragilidad política y social”.
(Con información de Eva Vergara, de la Agencia AP).
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